*Sin embargo acota que es en este sexenio que se les contabilizan pero no explica el grado de indefensión en que se encuentran las mujeres y niñas mexicanas.
* El corte fue al mes fue agosto, donde los feminicidios en el país aumentaron de 68 a 107.
22/09/2021.- Cd. de México. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), reconoció este miércoles que los feminicidios en México han registrado un aumento del 8% y el delito de violación un 30.8% durante los primeros 8 meses del 2021 respecto al mismo periodo de 2020.
Sin embargo minimizó el tema aseverando que el incremento en las cifras de feminicidio “corresponde, también, con la homologación a nivel nacional, pues antes se registraban como homicidios dolosos o culposos”, como lo dijo en la víspera durante su comparecencia frente a senadores.
La titular de SSC insistió en que desde 2019 el feminicidio se tipificó con una metodología clara que ha permitido brindar una atención especial a este delito desde las Fiscalías Estatales, desestimando que a nivel federal, el 14 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que incorporó el delito de Feminicidio en el Código Penal Federal, donde se define como feminicidio: “Artículo 325. – Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
“De cualquier manera, ante esta lamentable situación como primera mujer al frente de la seguridad del país estoy comprometida con la atención a la violencia contra las mujeres y de manera prioritaria de la violencia feminicida”, indico Rosa Icela Rodríguez.
De las 32 entidades federativas que integran el país, en todas se considera el feminicidio como delito, no obstante la funcionaria federal insiste en avalar la narrativa falsa del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en su sexenio es cuando se contabilizan bajo ese concepto.
A diferencia de su discurso en el Senado este miércoles en la mañanera apenas le dedicó unos segundos al tema cuando ayer reconoció que el delito de feminicidio va en aumento. “De enero a agosto de 2021 el número de feminicidios en el país aumentó 11.9 por ciento”.
En la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tema de violencia en contra de las mujeres indigna a todos.
Homicidios
En el reporte de los delitos del fuero común, La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la incidencia de homicidios dijo que se redujo un 3.9% en ese mismo lapso, convirtiendo a agosto del 2021 en el “agosto más bajo” de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
De acuerdo a sus datos de enero a agosto del 2021 se reportaron 22 mil 611 homicidios dolosos, de los cuales, el 50.4% de las víctimas se concentran en seis entidades de la República Mexicana: Guanajuato, con 2 mil 383 registros; Baja California, con 2 mil 157; Michoacán, con mil 754; Estado de México, con mil 716; Chihuahua, con mil 701, y Jalisco con mil 677. Es decir, sacaron fuera de la ecuación -en su mayoría- a los estados gobernados por Morena, donde los homicidios son a diario como Veracruz, Tabasco, entre otros.
Para la funcionaria que dijo en el senado que en los 50 estados (sic) se habían reducido los delitos, precisó que en los 50 municipios prioritarios han concentrado el 42.6% de los homicidios del país registrados en agosto del 2021, lo cual refleja una reducción de sólo 0.33% – pasando de mil 203 en 2020, a mil 199 en este año.
” 24 de las demarcaciones tuvieron una disminución de 27% en promedio y 1 municipio no presentó variación. 25 municipio registraron un aumento del 32% en promedio”, sostuvo.
Reiteró lo que ha venido mencionando acerca de que los delitos del fuero federal tuvieron una baja del 23.5% en los ocho meses del 2021, lo que no explica las cifras que indican que se está en el sexenio más sangriento de México.
definió que van a la baja van los delitos fiscales, la delincuencia organizada, delitos financieros, contra la salud, patrimoniales y relacionados con armas de fuego y explosivos y van a la alza delitos cometidos por servidores públicos, electorales y tráfico de personas emanado de la crisis migratoria.