* Quiere platicar con Rosa Icela Rodriguez sobre el contexto de la desaparición de la abogada y defensora indígena Sandra Domínguez.
*No ha recibido respuesta de SEGOB.
09.08.2026 Oaxaca.— La diputada federal del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponer las amenazas de muerte que, según denunció, ha recibido después de involucrarse en conflictos políticos y administrativos de Oaxaca y cuestionar públicamente actuaciones de funcionarios del gobierno estatal.
La legisladora busca que el Gobierno federal intervenga ante lo que considera un riesgo para su integridad. De acuerdo con sus declaraciones, los mensajes intimidatorios comenzaron después de que acompañara a autoridades de San Juan Mazatlán en sus gestiones para obtener el reconocimiento de su representación municipal y acceder a recursos federales destinados al ayuntamiento.
Cruz Jiménez aseguró que conserva capturas de pantalla de mensajes publicados en redes sociales en los que se le advierte que podrían “levantarla” y causarle daño. Ante esta situación, dijo sentirse desprotegida y expresó su intención de presentar directamente el caso ante la Secretaría de Gobernación.
El conflicto tiene como uno de sus puntos centrales a San Juan Mazatlán, municipio indígena de la región Mixe. La diputada sostiene que las autoridades municipales que encabeza Esteban Santiago Aguilar recurrieron a ella para solicitar acompañamiento ante el Gobierno de Oaxaca, con el propósito de ser reconocidas y poder disponer de recursos federales correspondientes al municipio.
Según las declaraciones de la legisladora, se trata de alrededor de 130 millones de pesos. El tema ha generado una disputa política en la que también intervienen resoluciones de autoridades electorales y la administración estatal. Cruz Jiménez sostiene que decidió involucrarse para respaldar a las autoridades que, de acuerdo con su versión, cuentan con reconocimiento electoral.
La diputada cuestionó además el funcionamiento de la figura del comisionado municipal en Oaxaca, al considerar que existe margen para un manejo discrecional de recursos públicos cuando se utiliza en municipios donde existen conflictos políticos.
En particular, se refirió a participaciones y aportaciones federales correspondientes a los ramos 28 y 33. El primero contempla recursos que pueden destinarse, entre otros conceptos, a gasto de libre disposición, mientras que el segundo incluye fondos etiquetados para rubros como infraestructura social, educación y salud. Cruz Jiménez sostiene que debe existir una fiscalización más puntual sobre esos recursos.
Sus señalamientos también han alcanzado a funcionarios de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz. La legisladora afirmó que durante las reuniones que sostuvo con integrantes de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca se presentaron cambios y cancelaciones de encuentros y que recibió presiones para abandonar el acompañamiento a las autoridades de San Juan Mazatlán.
Cruz Jiménez señaló particularmente al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y a una funcionaria de esa dependencia, Lucía Jazmín Torres Castillo. Según su versión, durante las negociaciones se le cuestionó su participación en el conflicto e incluso afirmó que recibió una propuesta económica para dejar de acompañar las denuncias relacionadas con el municipio. Estas acusaciones corresponden al testimonio de la diputada y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la existencia de los hechos denunciados.
La legisladora también sostuvo que funcionarios estatales argumentaron que el alcalde electo Esteban Santiago Aguilar tendría presuntos vínculos con grupos delictivos, pero afirmó que no se le presentaron pruebas de esas acusaciones ni tuvo conocimiento de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.
El caso se suma a otros cuestionamientos que Cruz Jiménez ha realizado durante este año sobre la situación política y administrativa de Oaxaca. En febrero, la diputada solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República en un asunto relacionado con presunto maltrato a menores bajo cuidado del DIF estatal. En marzo, ella y otra legisladora del PT denunciaron presuntos actos de corrupción, nepotismo e intimidación en la entidad.
Los antecedentes de Cruz Jiménez con denuncias relacionadas con funcionarios de Oaxaca también aparecen en documentos parlamentarios. La Gaceta Parlamentaria registra que la legisladora ha denunciado previamente al excoordinador de Delegados de Paz del gobierno estatal, Donato Vargas Jiménez, por acusaciones de violencia y amenazas, y que ha señalado a otros funcionarios estatales en diferentes asuntos. Esas acusaciones han sido materia de debate político y parlamentario.
La diputada afirmó que, ante el contexto de inseguridad, un funcionario estatal llegó a ofrecerle protección. Sin embargo, dijo que no confía en los mecanismos de seguridad proporcionados por autoridades estatales debido a que algunos de los servidores públicos que ha señalado forman parte precisamente del gobierno de Oaxaca.
También relató que integrantes de la Guardia Nacional se comunicaron inicialmente con ella, pero que posteriormente, según su versión, dejaron de responder sus llamadas y mensajes. Por ello, pretende trasladar el caso al ámbito federal y solicitar directamente a Gobernación que evalúe las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
Cruz Jiménez responsabilizó públicamente al gobernador Salomón Jara y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de cualquier agresión que pudiera sufrir. La acusación forma parte de sus declaraciones públicas y hasta el momento no implica que exista una resolución judicial que determine responsabilidad de ambos funcionarios en las amenazas denunciadas.
El episodio ocurre además en un contexto de tensión política en Oaxaca, donde diversos conflictos municipales, disputas por el reconocimiento de autoridades y controversias sobre el manejo de recursos públicos han generado confrontaciones entre comunidades, autoridades locales y el gobierno estatal.
El caso de San Juan Mazatlán ha tenido particular relevancia debido a la disputa por el reconocimiento de autoridades municipales y por las consecuencias que ese conflicto tiene sobre la administración de recursos públicos. La intervención de una diputada federal del PT ha llevado el enfrentamiento al ámbito político nacional y ahora podría derivar también en una solicitud formal de protección ante la Secretaría de Gobernación.
Mientras espera una respuesta de la dependencia federal, Cruz Jiménez sostiene que no pretende retirar sus denuncias ni dejar de acompañar a las autoridades municipales que acudan a ella. La legisladora asegura que continuará señalando las presuntas irregularidades que, desde su perspectiva, afectan a Oaxaca, pese a las amenazas que afirma haber recibido.
La solicitud de protección coloca nuevamente bajo escrutinio la seguridad de quienes denuncian irregularidades desde cargos públicos y el papel que deben desempeñar las autoridades federales y estatales cuando una persona con responsabilidad legislativa afirma encontrarse en riesgo.
Hasta ahora, las amenazas forman parte de una denuncia pública de la diputada y deberán ser investigadas por las autoridades competentes para determinar su origen, autenticidad y posibles responsables. La eventual intervención de la Secretaría de Gobernación será clave para establecer si procede la aplicación de medidas de protección federal.