Mensaje Directo
/ Fabiola Guarneros Saavedra /
“Tenía una tienda, de eso vivía. Hace dos semanas llegaron (los sicarios), se metieron y me dijeron que me daban 10 minutos para irme del pueblo o me iban a tirar disparos. Nos fuimos del pueblo y de Aguililla, pero nos venían siguiendo, apuntando todo el camino. Hace unas semanas yo no pensaba que iba a estar así, en Tijuana, sin dinero, buscando albergue, empezando de cero”. Es el testimonio de la señora Elizabeth publicado en estas páginas de Excélsior el 8 de julio de 2021.
Dos años después, la situación es crítica. El crimen organizado no sólo expulsa a los pobladores de la región, amenaza o mata, ahora ha sembrado minas explosivas en los caminos de tierra caliente.
Y en algún lugar de Michoacán éstos son los testimonios de los desplazados del crimen, también recogidos por los corresponsales (Excélsior 22/06/23):
“Por las balaceras que se escuchan y se ven, pues decidimos salirnos para darle una poquita seguridad a nuestros hijos. Tengo dos niñas y era mi miedo… De aquí me fui, anduve en hoteles ocho días y otros cuatro o cinco días me fui a Uruapan. Es la primera vez que nos salimos así”, cuenta Gloria.
“Cuando empezó todo nos fuimos, pues nosotros nada más oímos balazos y nos fuimos a Apatzingán toda la familia, más que nada por los niños, pues. Fuimos por las despensas a la presa que el padre Juan estaba regalando y allá nos fuimos todos con mi familia, los papás de mi esposo también, mi hermana, todos ahí estuvimos amontonados”, refiere Yadira.
En Las Bateas, Tepetate y Llano Grande el panorama es desolador: casas y animales abandonados, tierras y cultivos olvidados y las escasas tiendas de abarrotes fueron saqueadas.
En las comunidades donde se escuchaba el barullo de las familias, hoy sólo hay un silencio que huele a pólvora, a miedo y muerte.
Cristóbal Ascencio García, obispo de Apatzingán, dijo al periodista Pascal Beltrán del Río que se desconoce el número exacto de damnificados, pero podrían ser alrededor de 800 personas, unas 100 familias, más o menos.
“Estas personas se han marchado dejando atrás todo. Se les nota la tristeza de su corazón en sus rostros”, le dijo en entrevista el jueves pasado.
Y es que la violencia está imparable, nadie la contiene. Las fuerzas armadas también son blanco de ataque, como el domingo 18 de junio cuando un convoy del Ejército pisó una mina que había sido plantada por el crimen.
Los caminos de Tepalcatepec y las comunidades cercanas se han convertido en un campo minado y aun con la presencia de la Guardia Nacional, las familias no quieren regresar por temor de activar un artefacto explosivo mientras caminan hacia sus casas.
“Creo que es lo que más los está deteniendo, porque las minas no son sólo para los adversarios o enemigos del crimen, son para todos, le dijo el obispo Asencio García al director Editorial de Excélsior.
Jennifer es otra michoacana desplazada: “Nos fuimos en la noche, varias veces nos tocó irnos en las noches, por miedo a que nos tocara una bala. El primer día que se empezaron a escuchar los balazos nos fuimos, luego, luego amaneciendo nos fuimos hasta Apatzingán”.
Ella estudia la secundaria, “ya voy en tercero, este año vamos a salir en julio, pero creo que no se va a poder hacer nada, ya que no hemos ensayado nada ni algo así por lo que ha pasado. Los maestros dejaron de venir por miedo a que les pasara algo, les quitaran la camioneta en esa parte”.
Los constantes enfrentamientos entre grupos criminales han obligado a las familias a abandonar sus hogares, pertenencias y tierras donde se siembra y cosecha plátano, limón y mango. Dicen los habitantes que trabajo hay y de sobra, pero la violencia y la impunidad acaba con todo, y la zona se vuelve fantasma y la tierra un polvorín.
Algunos pobladores se arriesgan y se turnan para salir de Apatzingán hacia sus comunidades, y dar alimento y agua a las familias que aún quedan o a los animales, pero lo hacen cuando comprueban que la Guardia Nacional vigila la zona.
Ésta es la realidad que se vive en Tierra Caliente desde hace muchos años y para el gobierno federal la seguridad y la justicia no son prioridad, ni a tema llega. Tampoco es algo que importe a los aspirantes a la Presidencia de la República y menos a las corcholatas porque ya saben que tienen ganada la elección de 2024 y tienen “otros datos”, viven en otra realidad, como el gobierno morenista de Michoacán, que asegura que la situación en Apatzingán está en paz y en tranquilidad.
