FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
DESDE A JANELA
“Ya solo restan un año, tres meses y catorce días para que se vaya a … su rancho”
En la entrega anterior de esta columna se abordó la sumisión expresa en la que se encuentran los órganos de procuración e impartición de justicia ante el gobierno del estado y también, se mencionaron las maneras con las que están sometiendo a los jueces para que actúen sin la independencia que los debe de caracterizar y que son muy notorias en los casos de persecución política.
Lo que es evidente, ya que fabrican carpetas exprés sin pruebas, pero que son suficientes para primero detener y luego encarcelar, mediante la prisión preventiva oficiosa, a personajes políticos no afines a quienes gobiernan en estado.
En esta ocasión, vamos a comentar la otra cara de la justicia veracruzana, es decir, la justicia que se procura e imparte al ciudadano común, al ciudadano que no tiene intereses políticos, pero que por mala fortuna es víctima de la comisión de un delito y se ve en la urgente necesidad de solicitar los “servicios” (es un decir) de la fiscalía y del poder judicial.
Pues resulta que esta otra cara es la cara oscura, la cara de la ineficiencia absoluta, la cara del tortuguismo, la cara de los pretextos y la de las resoluciones absurdas que se producen para no trabajar de más, la cara de la insensibilidad; en resumen, la cara del no pasa nada.
Y esta cara oscura se manifiesta plenamente, cuando una mujer que es propietaria de un restaurante y que trabaja en él desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días y que, gracias a su esfuerzo, ha creado empleos que benefician a otras personas, un buen día es agredida de manera mortal por un vago, el cual es detenido al intentar huir del lugar de los hechos.
Pues resulta que a pesar de que tanto los trabajadores como las policías (preventiva y ministerial) reúnen suficientes pruebas para llevar al agresor ante el juez, la fiscalía busca el cualquier pretexto para ahorrarse la fatiga de iniciar y llevar un juicio, en este caso se trató de un documento (pues ni dictamen médico es) en el cual se dice que el agresor puede padecer una enfermedad mental por determinar y aunque resulte increíble, la decisión es liberarlo hasta que sea diagnosticado; cosa que obviamente no va a suceder, pues al estar libre, en cualquier momento el agresor o su familia lo pueden sacar del centro psiquiátrico.
Esa situación deja en absoluto estado de indefensión y de zozobra a la víctima y a sus familiares y trabajadores, ya que el agresor se encuentra en absoluta libertad y por tanto sin limitación alguna para terminar lo que empezó.
Y aquí el problema no es de leyes, en la ley se encuentra previsto todo un procedimiento para asegurar a una persona inimputable por padecer alguna enfermedad mental y ese procedimiento establece las medidas de seguridad que se deben de aplicar antes, durante y después del juicio; aquí el problema son la desidia y la ineficiencia de la fiscalía, ya que su solución fue “me dicen que el sujeto puede ser inimputable, entonces lo libero y fin del asunto, una carpeta menos y un proceso menos que llevar” y mientras tanto, la víctima no solo debe recuperarse de sus heridas, sino que también absorber los costos de la hospitalización y lo peor, temer por su vida.
Y así podemos también mencionar a quien sufre un daño patrimonial y captura a quien se lo provocó, presentándose ante la fiscalía con todas las pruebas del ilícito y, sin embargo y aunque ustedes no lo crean, lo liberan en el acto, porque a decir de los fiscales, primero tienen que conciliar para luego iniciar la investigación, investigación que dura años y años.
Sucediendo lo mismo con quien padece el delito de usura y a pesar de que se demuestran los pagos abusivos que hacen, la víctima pierde sus bienes en los tribunales, mientras que la fiscalía, aunque lo sabe, alarga la carpeta lo más posible, hasta que la víctima abatida por las pérdidas se rinde.
Y ya mejor nos vamos olvidando de los pleitos vecinales, las reyertas y de los casos de poca monta; esos nunca tendrán solución ni serán investigados y con suerte, la ley de la selva (que en muchísimos casos en México es la verdadera ley suprema) dará la razón a quien tiene la justicia de su lado, y si no es el caso, ni modo, ya que la autoridad competente no tiene ni la voluntad ni la capacidad para atender esos casos.
Esa es la clase de justicia penal que recibe el veracruzano común y corriente, justicia que en lugar de solucionar los problemas lo complica
Lo dije la vez pasada y lo repito en esta ocasión, en verdad, la justicia penal en Veracruz está cada vez más podrida.
Twitter: @FelipeFBasilio
