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30.08.2026 Culiacán, Sinaloa.— El artero ataque armado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, su hija y sus nietas, abrió una nueva exigencia de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: que la agresión sea investigada de manera exhaustiva, que se determine quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque y que las autoridades garanticen de inmediato la seguridad de la buscadora, su familia y de todas las mujeres y fanilias que participan en labores de búsqueda.
La agresión ocurrió durante la tarde del sábado 29 de agosto en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán, cuando Rojo Medina y su hija, también integrante de un colectivo de búsqueda, viajaban en un vehículo. Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad, que quedó con varios impactos de bala.
Ambas mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, donde permanecen bajo resguardo de las autoridades. La Secretaría de Salud reportó que se encuentran estables tras que Alma Rosa Rojo fue intervenida quirúrgicamente por heridas de las balas.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa y señaló que una de las líneas consiste en determinar si la agresión estuvo relacionada con la actividad que desarrolla Alma Rosa Rojo como buscadora de personas desaparecidas.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con apoyo de la Policía de Investigación y personal pericial.
Hasta este momento, las autoridades no han establecido públicamente quiénes fueron los responsables ni han confirmado el móvil del ataque ni tampico hay un solo detenido en la zona cero de lo que llaman el epicentro de la narcopolitica en México.
Y para asombro de la sociedad, las autoridades afirman que tampoco existe una conclusión oficial que determine que la agresión haya sido consecuencia directa de la labor de búsqueda. Por ello, los colectivos han insistido en que esa posibilidad debe ser investigada y no descartada como pretenden hacer creer.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 90 colectivos de familias buscadoras, incorporó el caso de Alma Rosa Rojo a su posicionamiento difundido este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las familias demandaron una investigación pronta, exhaustiva e imparcial y señalaron que buscar a una persona desaparecida no puede convertirse en una actividad que exponga a nuevas violencias a quienes la realizan.
El MNDM planteó además una exigencia que va más allá del caso particular: garantizar la vida y la integridad de quienes participan en las búsquedas. Para las organizaciones que forman parte del movimiento, el ataque contra Rojo Medina demuestra la necesidad de que las medidas de protección para las familias buscadoras sean efectivas y respondan a los riesgos concretos que enfrentan.
La organización recordó que México cuenta con leyes, protocolos y registros impulsados en buena medida por las propias familias, pero sostuvo que la existencia de instrumentos institucionales no es suficiente si no se traducen en búsquedas, investigaciones, identificaciones y resultados. En su posicionamiento de este domingo resumió su reclamo con una frase: “Un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación”.
En Sinaloa, la reacción de los colectivos fue inmediata.
Sabuesos Guerreras, uno de los grupos de búsqueda de Culiacán, condenó el ataque contra Rojo Medina y exigió una investigación exhaustiva, pronta y transparente para identificar tanto a los responsables materiales como a los intelectuales de la agresión. El colectivo planteó que el atentado no debe ser considerado únicamente como un ataque contra una mujer, sino como una agresión que afecta las condiciones de seguridad de las personas que realizan labores de búsqueda.
La organización también reclamó justicia expedita para Alma Rosa y medidas de protección para las buscadoras. Su posicionamiento ocurre en un contexto en el que integrantes de colectivos sinaloenses han denunciado amenazas y agresiones relacionadas con su actividad.
María Isabel Cruz Bernal, representante de Sabuesos Guerreras, señaló que Alma Rosa “no tiene problemas con nadie ni es conflictiva” y expresó preocupación porque durante el ataque viajaba acompañada por integrantes de su familia.
Otro de los colectivos que se pronunció fue Uniendo Corazones, que condenó la agresión contra Alma Rosa Rojo y su hija y pidió a los tres órdenes de gobierno realizar una investigación que permita identificar a los responsables. La agrupación también exigió medidas de seguridad para las integrantes de los colectivos que buscan a personas desaparecidas en Sinaloa.
Entre sus planteamientos se encuentra que la Fiscalía determine no sólo quiénes participaron directamente en el ataque, sino también si existieron otras personas involucradas en su planeación. El colectivo pidió que el caso no quede sin esclarecer y que las medidas de protección alcancen a Alma Rosa, a su familia y a las demás mujeres que participan en las búsquedas.
Desde Mazatlán, el colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa también condenó la agresión. Sus integrantes señalaron que buscar a una persona desaparecida no debe representar un riesgo para la vida de las familias y reclamaron garantías de seguridad para Alma Rosa, su hija y todas las personas dedicadas a localizar a sus seres queridos.
“No podemos seguir perdiendo compañeras, no podemos seguir siendo agredidas por el simple hecho de salir a buscar a nuestros desaparecidos”, expresó el colectivo en un pronunciamiento difundido después del ataque.
La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa se sumó a las exigencias y solicitó que las autoridades implementen medidas urgentes de máxima protección para Alma Rosa Rojo Medina, su hija y todas las integrantes de Voces Unidas por la Vida. También pidió que la actividad de búsqueda sea considerada una línea prioritaria dentro de las investigaciones para garantizar un acceso adecuado a la justicia y un enfoque especializado.
La Red advirtió además sobre la necesidad de evitar que el caso se incorpore a las estadísticas de agresiones que permanecen sin esclarecimiento. Su petición se dirige tanto a las autoridades de procuración de justicia como a las instituciones encargadas de la seguridad y protección de personas defensoras de derechos humanos.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa también pidió priorizar la investigación del ataque y brindar protección a las víctimas. Su presidente, Óscar Loza Ochoa, acudió al hospital para conocer el estado de salud de Alma Rosa Rojo y su hija y posteriormente informó que ambas se encontraban estables y de buen ánimo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que la agresión ocurrió en un contexto en el que las activistas dedicadas a la búsqueda enfrentan amenazas y condiciones de riesgo, por lo que solicitó a las autoridades judiciales dar prioridad al caso.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que después del ataque fue activado el Código Plata en el hospital donde fueron atendidas las víctimas, mecanismo mediante el cual permanecen bajo resguardo de la autoridad. En el lugar de los hechos participaron elementos de distintas corporaciones y personal pericial recabó indicios para la investigación.
Alma Rosa Rojo Medina no comenzó su actividad como buscadora a partir de una organización institucional, sino como consecuencia de la desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo Medina, ocurrida el 4 de julio de 2009. Desde entonces emprendió su búsqueda y posteriormente fundó Voces Unidas por la Vida.
Su trayectoria la convirtió en una de las mujeres que abrieron camino a los colectivos de búsqueda en Sinaloa. Con el paso de los años, Rojo Medina y otras familias han participado en rastreos en distintas zonas y han reclamado a las autoridades la localización de personas desaparecidas y la identificación de restos humanos.
Su caso se encuentra además relacionado con la búsqueda de personas que podrían encontrarse entre cuerpos no identificados. La investigación periodística publicada tras el atentado señala que Rojo Medina ha solicitado exhumaciones y procesos de identificación en el panteón 21 de Marzo de Culiacán, donde existen registros de personas no identificadas.
La preocupación de los colectivos tiene antecedentes en Sinaloa. En 2014 fue asesinada Sandra Luz Hernández, otra integrante de Voces Unidas por la Vida, quien buscaba a su hijo Édgar García Hernández. Más recientemente, otras mujeres dedicadas a la búsqueda han enfrentado amenazas y agresiones.
En febrero de 2026 fue localizada sin vida Rubí Patricia Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa de Mazatlán, quien buscaba a su hijo. En julio también fue asesinada María Azucena, una madre buscadora de 50 años, quien había logrado localizar con vida a su hijo y continuaba participando en labores relacionadas con la búsqueda. (
Este antecedente explica por qué el atentado contra Alma Rosa Rojo provocó una respuesta que rebasó a su propio colectivo. Las organizaciones consideran que las medidas de protección no pueden limitarse a una persona después de una agresión, sino que deben contemplar a las familias y colectivos que continúan realizando rastreos y otras actividades de búsqueda.
La exigencia coincide con la jornada nacional de movilizaciones por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México llamó a las autoridades a dejar de “administrar la crisis” y avanzar hacia acciones que permitan prevenir las desapariciones, realizar búsquedas inmediatas, investigar los delitos e identificar a las personas fallecidas que permanecen sin nombre.
Para los colectivos, la protección debe comenzar desde las primeras etapas de una búsqueda y considerar los riesgos específicos que enfrentan las familias. También demandan que las investigaciones por agresiones contra buscadoras contemplen desde el inicio su actividad como defensoras de derechos humanos y como familiares de personas desaparecidas.
En el caso de Alma Rosa Rojo, el siguiente paso, reclaman las organizaciones, es que esa investigación permita establecer con precisión qué ocurrió, quiénes dispararon, quién ordenó la agresión y cuál fue el motivo en medio del supuesto reforzamiento de la seguridad en la crisis política que vive la entidad
Mientras las autoridades continúan con las diligencias, las organizaciones mantienen la exigencia de que Alma Rosa Rojo, su hija y su familia permanezcan protegidas y que las medidas de seguridad alcancen a las integrantes de Voces Unidas por la Vida y a las demás mujeres que realizan búsquedas en Sinaloa.
La exigencia central de los colectivos quedó planteada en términos de justicia y protección: investigar el atentado, identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables y garantizar que buscar a una persona desaparecida no vuelva a colocar en riesgo la vida de quienes realizan esa tarea.