*El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió que esta detenido un proceso clave para fortalecer el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez/
10.08.2026 /CimacNoticias.com/ México.- A casi tres semanas de que un juez federal ordenó reactivar el proceso de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Gobierno Federal aún no ha convocado las mesas de trabajo necesarias para cumplir con la resolución judicial, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Ante esta situación, la organización informó que envió dos cartas dirigidas a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de las Mujeres para solicitar la reanudación inmediata de las mesas de trabajo y la realización de una reunión institucional que permita definir la ruta para cumplir con la suspensión definitiva emitida por el Poder Judicial de la Federación.
La petición surge luego de que el pasado 16 de julio de 2026, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concediera una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1091/2026, promovido por el propio OCNF. La resolución ordenó reanudar el proceso para actualizar el Reglamento de la LGAMVLV, particularmente en lo relacionado con el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
No obstante, hasta el momento las autoridades responsables no han informado cuándo iniciarán los trabajos para cumplir con la resolución judicial ni han presentado un calendario para reactivar el proceso de dictaminación de la reforma, la cual permanece pendiente desde 2022, señaló el Observatorio. La organización sostuvo que este retraso afecta la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
El OCNF recordó que entre junio y agosto de 2022 se desarrolló un proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil, personas académicas, especialistas e integrantes de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios de las Alertas de Violencia de Género en 23 entidades federativas. De ese ejercicio, indicó, surgió un proyecto de modificación al Reglamento de la LGAMVLV que debería retomarse para concluir el proceso conforme a lo ordenado por el Poder Judicial.
En las cartas enviadas a ambas dependencias, el Observatorio solicita reinstalar las mesas de trabajo con la participación de organizaciones peticionarias, personas académicas y especialistas que han acompañado el seguimiento del mecanismo de AVGM, además de establecer una reunión para definir la ruta de cumplimiento de la resolución judicial y garantizar un proceso participativo, técnico y transparente.
Asimismo, la organización hizo un llamado a la Secretaría de las Mujeres para transparentar la forma en que fue etiquetado el presupuesto superior a 131 millones de pesos destinado a implementar las medidas derivadas de las Alertas de Violencia de Género, así como informar cuál será la ruta para ejercer esos recursos públicos.
Violencia feminicida mantiene vigente la urgencia de la reforma
El Observatorio advirtió que la actualización del Reglamento es impostergable debido al contexto de violencia que enfrentan las mujeres en México.
De acuerdo con datos citados por la organización, en 2025 fueron asesinadas 2 mil 795 mujeres, aunque únicamente una de cada cuatro investigaciones fue iniciada como feminicidio. Además, actualmente existen 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en 23 entidades federativas, panorama que, según el OCNF, evidencia la necesidad de contar con instituciones más eficaces y un marco normativo fortalecido para prevenir, atender, dar seguimiento y evaluar este mecanismo.
Finalmente, el Observatorio reiteró que continuará exigiendo la emisión del Reglamento derivado de la reforma aprobada en 2022 para contar con procedimientos claros y evitar decisiones discrecionales. También llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de las Mujeres a cumplir con el mandato judicial, transparentar la asignación y ejercicio de los recursos públicos y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en el fortalecimiento de la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida.