* Los que se dicen Policía comunitaria la detuvieron por resistirse a la violación de su suegro, porque aseguran es su dueño.
* Trasciende que la mamá de la niña fue salvajemente golpeada hasta hacerla abortar por intentar llevarle alimentos a sus hijas.
* La menor era explotada por su suegro como jornalera en Michoacán.
14/10/2021/ Cochoapa, Guerrero.- El caso de la menor encarcelada por junto a sus hermanas pequeñas y su abuelita, luego de escapar de los intentos de violación de su suegro, quien se decía con el derecho de hacerlo pues había pagado por la pequeña de 11 años, $ 120 mil pesos, en un compraventa denominada “Contrato entre compadres”, de usos y costumbre en la sierra alta de Guerrero, ha ocasionado un sinnúmero de reclamos de justicia por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos.
Fue la policía comunitaria del municipio de Cochoapa el Grande, en la región de la Montaña del estado de Guerrero al sur de México, la que “casó” a la menor de 11 años de edad, hoy una adolescente de 15, y la encarceló por escaparse de la explotación y abuso sexual por parte de su suegro, junto a sus tres hermanitas menores de 10 años y su abuela de 70, por la petición de su suegro por resistirse a uno de los intentos de violación.
Angélica, quien a los 11 años fue víctima de la ilegal venta para un matrimonio infantil forzado, fue liberada tras 10 días de cárcel luego de haber sido encerrada por esta policía, como presión para regresará el dinero pagado (más 100 mil pesos de intereses) por no dejarse violar por el padre de su esposo, quien se fue de migrante a Estados unidos hace tres años y no saben nada de él.
La niña había sido vendida conforme a los “usos y costumbres” del lugar en donde vive, para casarla con otro niño de 12 años, y quien a los 13, emigró a Estados Unidos para evitar que su padre siguiera explotándolos como jornaleros en Michoacán, por lo que Angélica se vio forzada a irse a vivir a casa de sus suegros.
Feministas, colectivas y defensoras de derechos humanos demandaron a las autoridades de justicia en Guerrero, que se sanciones conforme a la ley el abuso cometido a los derechos humanos de las 4 mujeres menores de edad y la adulta mayor, detenidas por elementos de la Policía Comunitaria en el municipio de Cochoapa El Grande y además se esclarezca la presunta violencia contra la madre de Angélica, quien abortó presuntamente al ser golpeada por integrantes de la policía comunitaria por buscar entregar alimentos a las encarceladas.
Ana Garzón, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres destacó la importancia de la perspectiva de género y hacer efectiva la Ley 553 de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres.
“La impunidad impera en nuestro estado las soluciones son eventuales, a medias o simuladoras sin ninguna garantía de protección a las víctimas”, acusó.
Calificó como “indignante” lo sucedido, pues se aplica la “justicia” por usos y costumbres que atiende a intereses machistas y patriarcales que castigan y reflejan las desigualdades entre hombres y mujeres.
Por su parte la feminista del grupo Referencia de la Iniciativa Spotlight, (iniciativa de la Unión Europea que interviene para incidir en abatir los Feminicidios) Emma Cerón Díaz señaló la importancia de hacer justicia ante esos hechos, pues si no son sancionados los agresores de estos derechos, van a repetirse.
“No es posible que ninguna autoridad haya podido antes ir auxiliarles, ellas salieron por la presión de organizaciones y por la intervención del Secretario de Asuntos Indígenas, pero no hubo sanciones”, denunció la integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
“¿Dónde está la justicia y los cargos para llevarlos a la cárcel a sus agresores? dónde está la justicia? cómo garantizan la no repetición de eso intentos de violación física? a quiénes favorece y en qué condiciones?” inquirió.
Consideraron que mientras “solo se llegan a acuerdos y no castigar al culpable”, las violencias contra las mujeres y sobre todo para las mujeres indígenas no pararán por la falta de aplicación a la Ley.
Urgieron a definir lo qué se hará con esas policías “comunitarias” ya que no conocen las leyes y por tanto se cometen violaciones a los derechos de las mujeres en esas comunidades y ello a pesar de que la Secretaría de la Mujer ha impartido cursos y pláticas en municipios y comunidades
El caso de angélica ha evidenciado que autoridades de gobierno solapan la compra-venta de mujeres y niñas en varias partes de Tierra Caliente en la Sierra de Guerrero atentando contra los derechos de las mujeres alegando “usos y costumbres”.
