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17.06.2023. Pacho Viejo, – Angélica “N”, jueza de Veracruz, detenida este viernes por segunda vez, y trasladada desde la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo, fue imputada en audiencia inicial por los delitos contra “la fe pública y tráfico de influencias” y según el juez de control tendrá que enfrentar los delitos -que no son graves- en la prisión al menos por un año, informó la Fiscalía de Veracruz en mensaje en redes sociales .
“Dentro del proceso penal 297/2023, la Fiscalía formuló imputación en contra de Angélica “N” como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público, respectivamente” escribieron en una tarjeta informativa dado a conocer en redes sociales.
En una audiencia a puerta cerrada, pese a que la hoy imputada y su defensa solicitaron fuera una audiencia pública, el juez de control, Roberto Santos Maldonado Morales, determinó la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva “justificada” no obstante a que la jueza cuenta con un amparo y los delitos que se le imputan no ameritan orden de aprehensión, ni el uso de la fuerza pública, como sucedió el 16 de junio en la Ciudad de México.
Asimismo el juez Roberto Santos Maldonado dictó la medida cautelar soslayando el exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para resguardar la integridad de la jueza y realizar el debido proceso con enfoque diferencial y perspectiva de género que diera cuenta del contexto político en que se registran las dos detenciones, bajo diversos y cambiantes presuntos delitos y diligencias de aprehensión operadas de manera irregular.
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al juez de control en Pacho Viejo la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva justificada por un año, por delitos no graves, cuando los jueces de primera instancia no tienen fe pública en Veracruz, por lo que violan la ley en perjuicio de la detenida.
“Por cuanto hace a la vinculación a proceso, tomando en consideración que Angélica “N” se acogió a la duplicidad del término Constitucional, la audiencia en la que se resuelva su situación jurídica se llevará a cabo el día miércoles 21 de junio a las 10 horas”, refirió la FGE.
La Fiscalía de Veracruz aclaró que la orden de aprehensión no fue cumplimentada por elementos de la Guardia nacional, como se lee en la ficha oficial del registro de detenciones y que se presentaron, como se observa en vídeo grabado en CDMX, sin identificarse no obstante la petición expresa de familiares que en el momento en que se la llevaron se solicito la identificación y destino de la mujer que desplazaban contra su voluntad.
Al menos 8 hombres y mujeres vestidos de negro, sin insignias, ni vehículos oficiales, sin leerle sus derechos y con lujo de la fuerza la retuvieron y se la llevaron el pasado viernes desde un hotel de la Cdmx hacia la instalaciones de la fiscalía antisecuestros de Azcapotzalco, para mantenerla incomunicada, como informó la Defensoría Pública de la Judicatura IFDO, que anunció su acompañamiento a la jueza veracruzana ante las anómalas situaciones que se presentan en las diligencias contra la juzgadora.
Operativo que incluso la fiscalía capitalina se deslindó con un tuit, que solo habían facilitado sus instalaciones para que fuera certificada su integridad física.
“Con relación a la detención de una mujer realizada esta mañana en calle Independencia, colonia Centro, personal de la #FiscaliaCDMX no participó en su aseguramiento. Esta institución solamente colaboró para que fuera certificada su integridad física en instalaciones nuestras.”
Con relación a la detención de una mujer realizada esta mañana en calle Independencia, colonia Centro, personal de la #FiscaliaCDMX no participó en su aseguramiento. Esta institución solamente colaboró para que fuera certificada su integridad física en instalaciones nuestras.
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 16, 2023
‘La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, por conducto de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en coordinación con elementos de la CONASE”, cumplimentaron la orden de aprehensión, precisa La FGE al enfatizar que “en todo momento se han respetado tanto sus derechos humanos como el debido proceso”.
El juez de control, identificado como Roberto Santos Maldonado Morales, quien determinó la medida cautelar de 1 año de prisión preventiva justificada en una audiencia cerrada y pese a que no ameritaban orden de aprehensión los nuevos delitos que le imputan, resultó el mismo juez de Control del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, que libró la orden de aprehensión en contra de Angélica “N, cuando a decir de abogados estatales como nacionales solo merecía una citación y no encarcelarla nuevamente por lo que lo catalogan como un juez a modo, del gobierno de Veracruz.
El juez justificó la audiencia a puerta cerrada alegando que la Fiscalía lo había solicitado pues se revelarían datos relacionados con otra carpeta de investigación. Además se identificaría el nombre de otra persona señalada por los mismos delitos que ahora le imputan a la jueza Angélica N, contra la fe pública y tráfico de influencias.
De acuerdo a la Fiscalía veracruzana el amparo con qué cuenta Angélica no procede en este caso por la temporalidad en qué se emitió.
“Es oportuno enfatizar que, contrario a lo divulgado en diversos medios de comunicación, la suspensión provisional que fuera otorgada a Angélica “N” en un juicio de amparo, no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada”, destaca la FGE que agrega:
“Ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente” puntualiza la FGE de Veracruz.
La primera detención de la impartidora de justicia ocurrió el lunes 5 de junio, en la ciudad de Xalapa, cuando policías estatales la emboscaron al salir de su casa, le pusieron una capucha, la esposaron e intentaron fabricar pruebas para justificar su aprehensión, denunció la jueza, familiares y defensa legal.
El gobernador Cuitláhuac García la acusó públicamente por corrupción debido a la liberación, en cumplimiento de un amparo otorgado por un juez federal, de Itiel N., “El Compa Playa”, presunto autor del asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido en noviembre de 2019. Hecho por el cual, señaló la juez hoy encarcelada, fue amenazada por la prima del gobernador Cuitláhuac García, Lizbeth Aurelia Jiménez quien recién fue “designada” como titular del poder judicial de Veracruz.
La jueza veracruzana fue liberada 45 horas después, porque la Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no pudo acreditar los delitos que le intentaban imputar.
Posterior a esa irregular detención la jueza había denunciado, tortura, intimidación, robo, allanamiento de morada, y señalado en entrevistas con medios como los jueces en Veracruz deben actuar bajo presiones del gobierno morenista que vulnera su necesaria autonomía en la labor de impartir justicia.
Las declaraciones publicas, condenando sin juicio de por medio a la jueza veracruzana tanto de Andrés Manuel López Obrador como del Gobernador Cuitláhuac García en sus conferencias de prensa se dan en el marco de la jornada de persecución política contra las y los ministros de la SCJN y jueces y juezas del poder judicial, lo que obliga a incorporar al juzgador un enfoque diferencial de género en los juicios, que garantice la protección de los derechos de las mujeres y promueva la igualdad y la justicia de género.
El hecho en que en sus declaraciones los gobernantes toman el papel de juzgadores y condenan a una mujer sin juicio ni pruebas debe ser uno las variables a evaluar por parte de un juez que este capacitado en enfoque diferencial de género, dado que las mujeres históricamente han sido discriminadas, violentadas y ubicadas en una relación desigual de poder en relación a los hombres.
Diversas organizaciones de abogados y juzgadores han expresado su solidaridad con la togada y demandan garantizar la seguridad de Angélica N por considerar que se trata de una persecución política del gobernante morenista Cuitláhuac García y el uso faccioso de la Fiscalía estatal.
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