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28.05.2026 Ciudad de México.- Legisladoras, defensoras de derechos humanos y especialistas de América Latina y Europa advirtieron en el Senado de la República que, pese a los avances legales alcanzados en distintos países para tipificar y sancionar el feminicidio, persisten graves niveles de impunidad, deficiencias institucionales y patrones estructurales de violencia que continúan poniendo en riesgo la vida de millones de mujeres.
Durante el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, realizado en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), parlamentarias de ambos continentes debatieron los retos pendientes para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia y coincidieron en que la legislación, aunque necesaria, sigue siendo insuficiente si no se traduce en investigaciones con perspectiva de género, prevención y protección real para las víctimas.
La senadora de Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, copresidenta de EuroLat, destacó que México dio recientemente un paso importante al aprobar una reforma constitucional que permitirá expedir una Ley General en materia de Feminicidio, con el objetivo de homologar criterios y fortalecer las investigaciones en todo el país.
La legisladora explicó que una de las propuestas centrales de la futura legislación contempla que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio y sólo pueda reclasificarse como homicidio si las indagatorias acreditan circunstancias distintas.
“La lucha de las mujeres nunca termina”, expresó Robles Gutiérrez al señalar que además de las reformas legales es indispensable transformar las estructuras culturales y sociales que reproducen la violencia machista. La senadora sostuvo que las políticas públicas deben ayudar a “deconstruir” visiones relacionadas con masculinidades violentas y desigualdades históricas.
El debate se desarrolló en un contexto alarmante para América Latina, considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para las mujeres. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 11 mujeres son asesinadas cada día en la región por razones de género, mientras miles de casos permanecen impunes o mal clasificados por las autoridades.
La eurodiputada española Elena Nevado del Campo reconoció que varios países latinoamericanos han impulsado reformas relevantes para reconocer el feminicidio como un delito autónomo distinto al homicidio, pero advirtió que el principal desafío continúa siendo la aplicación efectiva de las leyes.
“El reconocimiento legal es sólo un punto de partida”, afirmó. “El verdadero problema es superar la distancia entre la ley y la realidad, porque todavía existe una impunidad que mata mujeres”.
Desde la experiencia mexicana, Sayuri Herrera Román, primera titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, señaló que tipificar el feminicidio permitió visibilizar una violencia históricamente minimizada por las instituciones, aunque advirtió que las agresiones contra mujeres siguen reproduciéndose cotidianamente en hogares, espacios laborales y ámbitos comunitarios.
La exfiscal sostuvo que mientras no existan políticas efectivas de prevención del acoso, igualdad sustantiva y combate frontal a la impunidad, los feminicidios continuarán ocurriendo en espacios considerados “normales” o privados.
“Muchos feminicidios comienzan con violencias que fueron ignoradas”, alertó durante su intervención.
La activista María de la Luz Estrada Mendoza, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, denunció que en México persisten patrones sistemáticos de negligencia institucional durante las investigaciones ministeriales, particularmente por la falta de perspectiva de género en las fiscalías.
Estrada Mendoza criticó que numerosos ministerios públicos continúan clasificando incorrectamente los asesinatos de mujeres desde las primeras etapas de investigación, omitiendo preservar pruebas fundamentales o ignorando antecedentes de violencia.
“Las familias tienen que pelear incluso porque se reconozca que sus hijas fueron víctimas de feminicidio”, lamentó.
La defensora señaló que estas fallas institucionales no sólo obstaculizan el acceso a la justicia, sino que profundizan la revictimización de madres, hermanas e hijas que deben enfrentar largos procesos judiciales para lograr verdad y reparación.
Desde Europa, la parlamentaria española Leire Pajín reconoció que países como México, Chile, Brasil, Uruguay y España han impulsado avances significativos en materia de combate a la violencia feminicida, por lo que consideró fundamental fortalecer el intercambio de experiencias legislativas entre ambas regiones.
“Las mujeres europeas todavía tienen mucho que aprender de las luchas latinoamericanas”, expresó.
Sin embargo, las participantes también alertaron sobre retrocesos políticos y discursos antigénero que amenazan derechos conquistados durante décadas. La legisladora argentina Marina Femenía advirtió que en algunos países han comenzado a desmontarse políticas de protección para las mujeres.
En referencia al gobierno del presidente argentino Javier Milei, sostuvo que las decisiones oficiales han debilitado estructuras de apoyo institucional para víctimas de violencia.
“El Estado se está convirtiendo en feminicida de las mujeres”, declaró al denunciar recortes presupuestales y desmantelamiento de políticas públicas de género en Argentina.
La discusión también abordó la necesidad de detectar señales tempranas de violencia doméstica. El parlamentario luxemburgués Marc Angel subrayó que numerosos feminicidios ocurren dentro de los hogares y son perpetrados por personas cercanas a las víctimas, particularmente parejas o exparejas.
“Muchos asesinatos ocurren en la cama, dentro de espacios donde las mujeres deberían sentirse seguras”, expresó al proponer mecanismos internacionales de alerta temprana para prevenir agresiones letales.
Organizaciones civiles presentes en el foro insistieron en que el feminicidio no puede analizarse únicamente como un problema criminal, sino como una expresión extrema de desigualdad estructural, violencia patriarcal y fallas institucionales persistentes.
En México, cifras oficiales muestran que diariamente son asesinadas alrededor de diez mujeres, aunque colectivos feministas sostienen que el número real podría ser mayor debido a la subclasificación de casos y la ausencia de investigaciones adecuadas.
El encuentro en el Senado concluyó con llamados a fortalecer la cooperación internacional, homologar protocolos de investigación y garantizar presupuestos suficientes para refugios, fiscalías especializadas y políticas de prevención.
Las participantes coincidieron en que el combate al feminicidio exige no sólo reformas legales, sino también voluntad política, instituciones sensibles al género y transformaciones culturales profundas para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.