Transparencia 3.0
Por Naldy Rodríguez.
Con una experiencia acumulada de casi dos décadas en la tutela del acceso a la información en México, el INAI es un órgano que garantiza un derecho fundamental, que permiten acceder a otros derechos, reconocido en la Constitución de México y en jurisprudencia internacional.
Es un órgano que nació de la sociedad, de una larga lucha que dieron periodistas, académicos y representantes de asociaciones, no del funcionariado, para que la información en posesión de las dependencias fuera de la ciudadanía, con un régimen mínimo de excepciones.
Efectivamente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información no es un órgano dedicado a combatir de forma directa la corrupción, pero sí es un ente que ayuda a prevenirla y la transparencia es un mecanismo que coadyuva a evitar el mal uso intencional de los recursos financieros y humanos. Y tiene una estrecha relación con el ejercicio de la libertad de expresión, con la preservación de la memoria histórica y la vida pública de México.
La atención de quejas por inconformidad con las respuestas, no es la única función que tiene el INAI. El trabajo de capacitación y socialización es importante, al igual que el de verificación de los portales institucionales para que tengan publicada la información mínima. Sin olvidar que también vela por el derecho de protección de datos personales, el cual ha crecido en los últimos años y que vive un momento crucial en este tiempo de pandemia.
Abrir el debate en torno al INAI debe servir para revisar sus procedimientos y mejorarlos; para hacer más expedita la trasparencia con respuestas fast track y eliminar las reservas de la información, como dijo el Presidente; en todo caso para revisar el presupuesto que tiene asignado, sus funciones, atribuciones, su organigrama, para que sean congruentes con los resultados.
El marco jurídico también debe estar sujeto a revisión y es perfectible. Resulta necesario replantear si sus disposiciones alcanzan a garantizar el cumplimiento de las resoluciones y si es suficiente el cuerpo normativo respecto a las medidas de apremio y sanciones.
Pero el análisis y la controversia debe ir más allá de los recursos. En el caso de los institutos locales, la mayoría tiene presupuestos reducidos y funciones que se incrementan con el desarrollo del marco jurídico en acceso a la información, archivos y protección de datos personales.
Entre el 2003 y el 2011 nacieron los órganos garantes locales, con presupuestos raquíticos, que han ido en aumento, sí, pero que para este 2021 aún continúan muy por debajo de otros organismos autónomos. Son instituciones jóvenes con potencial para convertirse en entes sólidos, eficientes y representativos que defiendan derechos humanos fundamentales.
Lo que debe y puede hacer el debate es fortalecer y mejorar el trabajo en órganos garantes de transparencia. ¿Qué hay mejoras que hacer? Por supuesto, como en otras instituciones públicas. ¿Que hay quienes han lucrado con la transparencia y otros que extorsionan a costa del acceso a la información?, también es cierto; pero no se puede juzgar por la mala actuación de unos cuantos a todo un andamiaje ciudadano e institucional. A ellos que se les responsabilice.
México requiere instituciones sólidas, confiables y comprometidas que permitan la revisión y fiscalización de los recursos públicos, pero también del quehacer gubernamental.
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