**Necesariamente Incómoda .
/ Graciela Machuca Martínez /
El grupo que le disputa el poder político y el control administrativo a la gobernadora morenista Mara Lezama en Quintana Roo, aglutinado en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propiedad de Jorge Emilio González, ya decidió que se quedará con la Fiscalía General del Estado y para ello designó a José de la Peña Ruiz de Chávez como el sustituto de Oscar Montes de Oca, decisión que pone en riesgo al sistema de procuración de justicia en la entidad debido a los antecedentes que caracteriza a la cúpula de este partido, la cual se ha visto relacionada con la delincuencia organizada, incluido el llamado cartel del despojo.
MORENA, no solo compartió el triunfo electoral con el Verde en Quintana Roo, sino también el gobierno y ahora como grupo político que cogobierna, se siente con el derecho de autoasignarse la Fiscalía General del Estado, una institución clave para la sociedad quintanarroense que a gritos pide que se investiguen de manera eficiente los delitos, pero el Verde actúa como si el estado fuera de su propiedad, por lo que quiere quedarse con la fiscalía para defender sus intereses de grupo y protegerse con el manto de la impunidad.
El pueblo de Quintana Roo no olvida que hace menos de dos años, el 10 de febrero de 2021 se dio a conocer que el PVEM destituyó a su entonces dirigente estatal, José de la Peña Ruiz de Chávez, presuntamente por estar involucrado con la mafia rumana, según investigaciones federales.
En días previos se dio a conocer que De la Peña De la Peña apareció en los informes de inteligencia del Gabinete de Seguridad federal como uno de los operadores de la red de políticos que colaborarían con la mafia rumana de Florian Tudor, conocido como ‘el Tiburón’, grupo delincuencial que se dedicaba o se dedica a la clonación de tarjetas bancarias en unos 15 países, operando desde Cancún.
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ INVOLUCRADO CON LA MAFIA RUMANA
En ese entonces, José de la Peña Ruiz también se desempeñaba como diputado en el Congreso de Quintana Roo y coordinador parlamentario de su partido. Ni él, ni su organización política dieron una explicación del asunto ni mucho menos si la justicia mexicana lo absolvió. El fuero legislativo lo protegió.
Su involucramiento se documentó en el requerimiento expedido el pasado 4 de febrero de 2021, según el acuerdo 10/2021 enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, suscrito por quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
Desde que la gobernadora María Elena Hermelinada Lezama rindió protesta, el ahora exdiputado José de la Peña Ruiz declaró que se integraría al gabinete morenista, que solo era cuestión de días para definir cual sería su encargo. Sin tener un nombramiento se presentó para negociador del gobierno del estado, en un bloqueo carretero que realizaban ejidatarios inconformes con las expropiaciones por el Tren Maya en el Sur de Quintana Roo, pero sus oficios no dieron resultado.
Además, de la opacidad con que el PVEM ha tratado este tema, es de resaltar el perfil de las demás personas involucradas con la mafia rumana y con quien De la Peña Ruiz comparte intereses.
Otros personajes de Quintana Roo a quienes la UIF solicitó congelar sus cuentas bancarias están el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza; Leticia Rodríguez Lara, supuesta líder del “Cártel de Cancún” o “grupo de Bonfil”; Francisco Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido y una empresa de ambos, Inmobiliaria Crisántemos.
También formó parte de esa lista Israel López Salazar, a quien además, se le acusó de fraude al pedir dinero a nombre de Porfirio Muñoz Ledo; Ricardo Antonio Vega Serrador, dueño de Corpo Gas.
CUESTIÓN DE FAMILIA, LIGARSE CON INTERESES ILEGÍTIMOS E ILEGALES
El padre del exlegislador José de la Peña Ruiz, el empresario y Notario Público número 20 de Cancún, Benjamín Salvador de la Peña Mora, tuvo que litigar para que la UIF le desbloqueara dos cuentas bancarias.
A De la Peña Mora, protocolizó la constitución de la empresa Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, S.A. de C.V., el 22 de octubre de 2010, que a la postre fue denunciada como “facturera” por el Servicio de Administración Tributaria.
Dicha empresa facturó mil 727.7 millones de pesos para respaldar operaciones mediante outsourcing con las que presuntamente ayudó a evadir impuestos a 70 complejos y cadenas hoteleras asentadas en Cancún (Benito Juárez) y Playa del Carmen (Solidaridad), según la denuncia que hizo la titular del SAT, Raquel Buenrostro.
De la Peña Mora también es padre de Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ex secretario estatal del Trabajo y Previsión Social, quien es forma parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, al ser acusado de fraude por formar parte del sistema de despojo de propiedades inmobiliarias mediante juicios laborales, en el que también se encuentran involucrados connotados dirigentes del PVEM en Quintana Roo como Pablo Bustamante Beltrán, actual secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal.
Lo cierto es que los Quintanarroenses hoy comentan en corrillos sobre el cambio en la Fiscalía del estado en forma coloquial que: “no vaya a salir peor el remedio que la enfermedad.”
