*Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez Y Paola Alejandra Ramírez González*.
*Nos atreveríamos a decir que la pérdida, que en un primer momento nos abate,
también puede –gracias a un juego, un gesto, un pensamiento, un deseo–levantar a todo el mundo.
Y esta sería la primera fuerza de los levantamientos.
Didi-Huberman, Sublevaciones
Una mirada histórica de la violencia política y la resistencia de las madres buscadoras
La historia del terrorismo de Estado en América Latina en el siglo XX nos muestra que la violencia se configura como un elemento de funcionamiento del poder político y económico en desarrollo. Las dictaduras militares respondieron a procesos de integración regional, acordes con la expansión de un modelo económico-político afín al capitalismo global de ese periodo, en los que la reestructuración social fue consistente con el ideario de desarrollo económico que ha terminado por instrumentalizar la vida. El terrorismo de Estado, a grandes rasgos, representa el ejercicio ilimitado de la fuerza que funciona arbitrariamente, pero bajo estándares de legalidad que permiten mantener el dominio y la estabilidad política.
Se trata de una política represiva-militar que adquiere formas específicas de la violencia, y que en América Latina supuso, por un lado, la construcción social de la idea del “enemigo interno” que, en términos concretos, se convirtió en la figura del sujeto “exento de todo derecho” [1], encarnada por las personas críticas y opositoras a la implementación del modelo capitalista. Tal idea permitió justificar el uso público de la violencia y el terror para ejercer control sobre la población. Por otro lado, también significó la implementación de la detención ilegal, el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición como mecanismos eficientes para tal reestructuración social.
La historia nunca se cuenta a una sola voz, y por eso es posible saber que la época del terrorismo de Estado y represión militar también significaron un tiempo en el que surgieron configuraciones sociales de resistencia civil paradigmática. Ahí donde los Estados latinoamericanos impusieron las condiciones simbólicas y materiales para reprimir a quienes denunciaban la brutalidad del orden político y económico, surgieron los grupos y organizaciones sociales que contrarrestaron la narrativa del poder en turno y denunciaron el uso de la violencia política como un medio de exclusión social, política y económica, pero también, como una forma radical de gestión de la vida.
Estos grupos sociales se enfrentaron al rostro duro de las dictaduras militares y mostraron las contradicciones inherentes a la constitución de los Estados. Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, y las redes de organización colectiva y activismo político que protagonizaron muchas mujeres del Cono Sur para cimentar una lucha latinoamericana contra la represión estatal, son ejemplo de dichas formaciones.
Al poner sus cuerpos de cara al régimen autoritario y represivo, hegemónico y patriarcal (como es el poder militar que organizó y condujo las dictaduras latinoamericanas), gestaron una resistencia histórica que resalta el papel de las mujeres y en particular, de las madres, como actoras fundamentales en la configuración de un paradigma de defensa de la vida y de los derechos humanos que persiste hasta nuestros días. Dándole la vuelta al mundo con el pañuelo, artefacto cultural que funge como símbolo de la dignidad, el amor y la justicia.
México también forma parte de esta historia: su caso destaca porque, a diferencia de las dictaduras del Cono Sur de América Latina, la violencia de Estado se ha suscitado dentro de regímenes reconocidos como democráticos. La represión estatal hacia movimientos disidentes entre las décadas de 1960 y 1980, marcó el inicio de un periodo abierto de violencia continuada en el que la práctica de la desaparición forzada fue un factor común. Aunque también lo fueron la resistencia y la organización colectiva de las familias afectadas por la persecución y represión.
Con el paso del tiempo, el problema de la desaparición forzada de personas persiste, se ha transformado y expandido en gran parte del país, particularmente en aquellos contextos signados por dinámicas de macrocriminalidad, violencia estructural e impunidad. En el presente, la desaparición de personas se ha convertido en un método cada vez más frecuente de control de personas, territorios y de acumulación de capital, de tal manera que el territorio mexicano es ahora un escenario sistemático de graves violaciones a los derechos humanos y de múltiples violencias. Hasta el día de hoy, son más de 110 mil casos, una cifra que casi cuadriplica los 30 mil casos que Argentina registró durante las dictaduras [2].
La muerte violenta de madres buscadoras: entre la resistencia y el castigo
En nuestro país, el legado de la resistencia histórica de madres latinoamericanas contra el terror y la violencia se ha materializado en la emergencia de un movimiento amplio de familiares de personas desaparecidas, encabezado sobre todo por madres buscadoras que han hecho de su rabia y dolor la principal herramienta para recuperar a sus seres queridos. Ante las transformaciones, la diversificación y el aumento vertiginoso de las desapariciones, las madres de este movimiento han desplegado una multiplicidad de formas de búsqueda acordes con sus contextos y las dimensiones de la violencia que les afecta.
Una de esas formas de búsqueda, la más cruda, es la búsqueda en muerte que realizan en campos desérticos, cerros, espacios baldíos, predios abandonados, cuerpos de agua y canales de desagüe, barrancas y zonas de alta marginación social: rascan la tierra, la sienten, la observan y la huelen, para recuperar por mano propia a los seres que les fueron arrebatados. Estas labores de búsqueda conjuntan el amor y el terror, el dolor y la esperanza.
Los escenarios de la desaparición no sólo son de desolación: las amenazas, el hostigamiento y el riesgo extremo son situaciones que hacen aún más difícil la defensa de la vida. No suficiente con lo cruel que es localizar y desenterrar a sus seres queridos en fosas clandestinas, su búsqueda representa un alto riesgo para su seguridad debido al control territorial que tienen los grupos criminales y a la permisibilidad del Estado, ya sea por complicidad o connivencia.
Por ello, estas búsquedas de carácter humanitario que, a diferencia de las judiciales, ponen énfasis no en las sanciones penales sino en las necesidades afectivas de los familiares, son la constante en un contexto criminal donde, al no existir condiciones para exigir justicia, quienes buscan, en su mayoría, priorizan la localización de sus seres queridos, y aunque el derecho a la verdad es irrenunciable, es necesario reconocer que en un país como el nuestro esa exigencia se ha transformado en una condición de vulnerabilidad más para quienes buscan.
Buscar, exigir justicia y conocer la verdad impone un costo muy alto: la vida. Tan solo en 2022 cinco madres buscadoras fueron asesinadas. El sexto y más reciente caso es el de Teresa Magueyal, integrante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir”, asesinada el pasado 2 de mayo del año en curso, en el pueblo de San Miguel Octopan, perteneciente al municipio de Celaya, Guanajuato. Teresa de 65 años, fue cobardemente asesinada a plena luz del día, frente a otras personas y en las cercanías de un jardín de niños mientras circulaba en su bicicleta, totalmente indefensa. Teresa buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril del 2020, en el mismo municipio que vio morir a su madre.
Estas agresiones en un contexto de impunidad continuada nos llevan a preguntarnos ¿qué amenaza pueden representar para los perpetradores las madres buscadoras que con un cúmulo de condiciones de vulnerabilidad (materiales, legales, físicas y psíquicas) buscan a sus seres queridos?, ¿qué sentido tiene asesinar si los perpetradores se saben impunes?, ¿cuál es el significado detrás de estas crueles muertes? De alguna manera, estas preguntas nos han sido heredadas por las luchadoras que increparon la violencia sociopolítica durante las dictaduras militares, porque cuestionaron la función de la violencia que recayó sobre las personas que fueron consideradas “enemigos internos” porque representaban una amenaza al orden estatal.
En este sentido, las muertes violentas de las madres buscadoras en nuestro país necesitan ser reconocidas socialmente como crímenes cometidos por razón de género. El trabajo de búsqueda que realizan y toda la praxis social y política que desarrollan (no sólo para visibilizar la problemática que enfrentan, sino también para crear condiciones políticas y jurídicas que hagan más accesible su camino hacia la justicia), son una manifestación expresa de su capacidad para desplegar una agencia libre y autónoma. Agencia misma que devela el sistema social y económico que produce la violencia que les atraviesa (en la que la desaparición de un ser querido es el último y más ominoso eslabón en una serie de situaciones que cotidianamente les vulneran).
De esta manera, como mujeres (en su mayoría afectadas por procesos de exclusión social y empobrecimiento continuo) agrietan la estructura social jerárquica que les sitúa en un lugar de subordinación que, como dice Rita Segato [3], pretende ser sostenido precisamente a partir de la perpetuación de una violencia estructural, física, sexual y/o psicológica. Así, los feminicidios de las madres buscadoras se ejecutan como parte de la violencia patriarcal inherente a las dinámicas criminales de los perpetradores de la desaparición de su ser querido y de su asesinato, pero también a las propias del Estado y sus instituciones que se mantienen omisas y negligentes ante su demanda de protección y resguardo de su vida.
Entonces, ¿por qué las madres buscadoras se convierten en el cuerpo a someter y/o abatir?, o bien, ¿por qué sus cuerpos se convierten en “blanco” de una violencia extrema? Porque como señala Elsa Blair, “el cuerpo goza de una enorme potencia y una posibilidad inusitada de resistencia” [4], que puede resultar una amenaza ante las diversas configuraciones del poder. Por tanto, la muerte violenta es el producto de una “economía del castigo”[5], el cual consiste, para decirlo en términos simplificados, en ejercer control a través del sufrimiento. Y como hemos dicho, el sufrimiento se despliega como parte de las dinámicas de quienes perpetran el crimen (con participación, colusión o permisión de agentes estatales, o no), pero también, como parte del abandono institucional que padecen las víctimas.
Por todo lo anterior, el tratar de explicar los crímenes actuales nos obliga a comprender cómo opera el poder, sus lógicas y las estructuras sociales que lo sostienen. Quizá el hacer este ejercicio nos permita tener un horizonte menos nebuloso en aras de vislumbrar un panorama de acción y respuesta ante las estructuras de las que emanan, se sostiene y coexisten estas complejas violencias.
Las violencias como recursos de los poderes sistémicos
La desaparición de personas puede ser comprendida como parte de las dinámicas que sostienen “el orden social institucionalizado”[6], del sistema capitalista que no sólo cosifica y mercantiliza la vida, sino que consolida formas del capitalismo que instituyen prácticas sociales que, a la vez, crean las condiciones de posibilidad para la extracción y despojo de la vida y sus posibilidades de reproducción. Entendiendo por despojo lo que David Harvey reconoce como la acumulación basada en la “depredación, el fraude y la violencia” [7].
Las madres en pie de lucha, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2014 Foto: Alejandra Ramírez
Sin embargo, dicho modelo de acumulación se ha agudizado en la actual fase de reorganización hegemónica global [8], y transita hacia la mafialización del Estado, ante un capitalismo “rapiña” [9] que atenta no sólo contra los bienes de sustentabilidad de la vida sino contra la vida misma y contra el cuerpo, primer territorio de defensa. Así, la desaparición como problema contemporáneo, que se multiplica sin cesar, responde también a un poder político desaparecedor que consolida sus dispositivos de dominación, además, se convierte en una práctica regular de un sistema sociopolítico y económico.
Asistimos a formas de desaparición que funcionan como dispositivos de instrumentalización de los cuerpos, las subjetividades y de la vida, para beneficio de ese sistema social y económico que llamamos capitalismo, en el que la acumulación supera la producción de cadáveres y condensa mecanismos desaparecedores para obtener de la vida el mayor beneficio material (económico) posible, pero también simbólico porque la violencia que generan las políticas de terror producen un efecto paralizante, de desafección y/o de normalización ante la misma.
En esta lógica, históricamente las mujeres (sus prácticas y sus cuerpos) han sido un eslabón fundamental en las diversas formas de reproducción de la vida y su defensa. Por esta razón, es importante comprender que el problema de la desaparición conlleva violencias específicas que afectan de manera concreta a las mujeres buscadoras (y que, como hemos señalado, pueden implicar la pérdida de su propia vida). Eso que ha sido reconocido como la feminización de la búsqueda representa de un modo u otro, la reiteración de la imposición de jerarquías y roles sociales que caracterizan al mundo patriarcal y capitalista que habitamos. Esta situación introduce una paradoja que, al menos, debemos considerar debido a los desequilibrios sociopolíticos y culturales que puede introducir.
Nos explicamos: sobre las madres buscadoras no solo recae la búsqueda como un trabajo no remunerado [10], que le corresponde al Estado, sino también, la responsabilidad de los cuidados, configurando de esta manera, una especie de “condena” social asignada a la “víctima ideal” encarnada en la figura materna que debe sostener la búsqueda mientras realiza múltiples prácticas del cuidado de la vida (el trabajo doméstico y, en muchos casos, la consecución de formas de sostenimiento económico).
No obstante, y al mismo tiempo, la búsqueda y los cuidados representan la fuerza moral y política que sostienen la lucha frente a las violencias actuales y los sistemas que las sostienen. En este sentido, es necesario repensar los roles asignados a las maternidades buscadoras en aras de comprender, por un lado, las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan y las razones que están detrás de los riesgos a los que se enfrentan. Y, por otro lado, para explicar cómo tales condiciones de vulnerabilidad son contestadas por ellas mismas con el despliegue de una agencia política que cuestiona tales jerarquías y roles, como ya lo hemos señalado.
La mayoría de las víctimas de desaparición corresponden a los sectores de la población más susceptibles de ser instrumentalizados y luego despojados de sus formas de existencia. En otras palabras, son parte de la población que, desde una mirada interseccional, por condición de clase, género y racialización, son mayormente vulnerables y expuestas a sufrir el cúmulo de violencias [11] estructurales, cotidianas y extremas. Las madres de esas víctimas, devenidas buscadoras, se enfrentan a la necesidad imperiosa de extender sus prácticas de sostenimiento de la vida hacia los escenarios de la desaparición. De tal forma que la búsqueda de sus seres queridos emerge como una nueva configuración de la defensa de la vida y de los territorios comunitarios (concretos y simbólicos).
Por lo anterior, las agresiones directas hacia los cuerpos específicos de las madres y otras mujeres buscadoras, sus feminicidios, también pueden concebirse como crímenes que erosionan los entramados comunitarios. Las madres buscadoras tienen la osadía de incomodar a través del desacato al orden establecido, la violencia en las distintas dimensiones que instauran los poderes políticos y económicos. Pues como señala Foucault: “El poder es esencialmente aquello que dice “tú no debes” [12].
Así, la violencia que recae sobre los cuerpos de las madres buscadoras les comunica ese mandato: tú no debes buscar, tú no debes exigir justicia, tú no debes ser contestataria, y en un sentido más atroz, tú no debes existir. Sus cuerpos son usados para enviar mensajes de poder. Ya lo dijo Silvia Federici [13]: “El cuerpo también es un texto en el que los regímenes de poder escriben sus preceptos”.
Cabe mencionar que si bien el asesinato es el rostro más fatídico de la violencias contra las mujeres buscadoras, ellas no sólo están expuestas a ser asesinadas sin ninguna protección gubernamental, sino también a otras formas de violencia quizá más silenciosas pero que, con el paso del tiempo, también las pueden llevar a la muerte: la indolencia y abandono institucional que no atiende sus necesidades en términos de una salud integral tanto física como psicológica, hacen parte de la configuración de esas otras formas de la violencia que les aqueja y que generan situaciones que, con el paso de años, se cronifican llevándolas a la muerte [14].
Tal vez esto explica por qué al Estado no le interesa apostar a la atención de tales temas urgentes (en su defecto, si lo hace, suele ser a partir de la implementación de políticas públicas cuyas lógicas tienen un efecto paliativo o asistencialista y suelen fracasar porque no resuelven estructuralmente los problemas, es decir, solo los contienen y, con el tiempo, incluso los exacerban) pues, como mencionamos en párrafos anteriores, si el cuerpo es el lugar de potencia y resistencia, al invisibilizar la importancia del bienestar físico y psicológico de quienes buscan, se les despoja poco a poco de su potencia para resistir.
En ese sentido, la racionalidad gubernamental, la burocratización como forma de control, ordenamiento y moldura de la búsqueda y de las subjetividades que la realizan son espacios donde, lejos de tener un carácter reparador, con respuestas prontas y eficaces, se genera desgaste, desamparo y nuevas formas de revictimización, es decir, son espacios donde se administra el sufrimiento [15]. Porque, como advierte Segato: “La historia de la burocracia no es la historia de las mujeres, no es la historia de los temas femeninos; es la historia del patriarcado. Por lo tanto, tampoco la historia del estado es la historia nuestra. La historia del estado es la historia del patriarcado y el ADN del estado es patriarcal”. [16]
Algunas reflexiones finales
Como hemos intentado explicar a lo largo de este artículo, el crimen de desaparición forzada es una práctica de carácter sistémico; está inscrita en la imbricación de los sistemas capitalista, patriarcal y colonial, por lo tanto, desborda los límites del Estado. En la fase actual de dichos sistemas de ordenamiento del mundo a través de procesos que apuntalan a una despresurización voraz, las políticas de miedo y muerte apuestan al aniquilamiento de los entramados comunitarios locales pero también, a las comunidades de búsqueda en extenso, cuerpos y subjetividades, a la desactivación no solo de formas de resistencia y disidencia de los vivos, sino también, mandatan sobre el mundo de los muertos a través de entierros clandestinos e indignos que atentan contra la relación sagrada entre ambos mundos.
Ahí donde, por ejemplo, se señala “aquiescencia u omisión” (y no necesariamente “participación directa” en la ejecución de las desapariciones), colocamos una intuición que nos dice que el problema que señalamos puede ser comprendido como una parte del funcionamiento de las redes del poder político-económico, y no necesariamente un fallo del Estado y sus instituciones. En esta lógica, coincidimos con la hipótesis de quienes piensan que la desaparición de personas y todas las formas de violencia que ésta produce, no son expresión del fracaso estatal sino lo contrario: la violencia es un elemento que articula el poder. Romain Le Cour [17] dice que “la violencia, legítima o ilegítima, no es una anomalía sino un recurso político. Una herramienta que permite obtener o conservar una posición de poder frente a competidores que no buscan derrocar el sistema sino abrirse un espacio dentro del juego político, en contacto con autoridades públicas”.
Si la violencia y sus dinámicas no son el resultado de la falla del Estado, sino el modo en cómo se articula su funcionamiento, ¿qué alternativa se nos presenta para detener las graves violaciones a los derechos humanos y en particular la práctica criminal de desaparición forzada? La respuesta no está dada. Sin embargo, las acciones de las madres buscadoras, sus denuncias y exigencias de justicia, puede representar una alternativa para encaminarnos a formas comunitarias de restitución de la vida. No se trata de resignarnos ante una lógica estatal articuladora de la violencia, sino de pensar vías de transformación política y social. Como las madres buscadoras nos enseñan: a los Estados hay que exigirles siempre al mismo tiempo que se denuncian sus prácticas de control, desprotección y exclusión.
La histórica lucha de las madres buscadoras en América Latina reivindica la vida de quienes están ausentes, pero no podrán solas frente a la maquinaria de muerte y desaparición. Mientras el sentido de pérdida no se colectivice socialmente, los márgenes de permisibilidad e indolencia seguirán enquistados devorando más vidas. Quienes escribimos, nos posicionamos político-afectivamente como mujeres que acompañamos -y nos acompañamos en- estos procesos, y en el camino nos con/dolemos. Apostamos a la utópica idea de que otro mundo es posible y a la terca memoria de nombrar las veces que sea necesario, a algunas de las madres que, recientemente, han sido asesinadas por buscar a sus seres amados:
María Carmela Vázquez de 46 años, integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato. Fue asesinada el 6 de noviembre de 2022. Buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez desaparecido el 14 de junio de 2022.
Blanca Esmeralda Gallardo de 44 años, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos, Puebla. Fue asesinada el 4 de octubre de 2022 en Puebla, buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, desaparecida el 13 de enero de 2021 en el mismo estado.
Rosario Lilián Rodríguez Barraza de 44 años, integrante del colectivo Corazones sin justicia, Sinaloa. Fue asesinada el 31 de agosto de 2022 (día internacional del detenido-desaparecidos) en el municipio de La Cruz de Elota en Sinaloa. Buscaba a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, desparecido el 16 de octubre de 2019 en La Cruz de Elota, Sinaloa.
Brenda Jazmín Beltrán Jaime de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, Sonora. Fue asesinada el 17 de julio de 2022 en Ciudad Obregón. Buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido el 1 de diciembre de 2018 en Bácum, Sonora.
Ana Luisa Garduño Juárez de 51 años, fue asesinada el 27 de enero de 2022 en Temixco, Morelos. Ella exigía justicia por el feminicidio de su hija Ana Karen Huicoche desde 2012, asimismo, se había unido a colectivos de familiares para solidarizarse con las labores de búsqueda en campo.
Gladys Aranza Ramos Gurrola de 28 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. Fue asesinada el 15 de julio de 2021 en el Ejido de Ortiz, en el Valle de Guaymas, Sonora. Buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya, desaparecido en diciembre de 2020 en la misma localidad.
* * *
* Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez es doctorante del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa y estudiante asociada del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).
* Paola Alejandra Ramírez González es Doctora en Antropología por el CIESAS-CDMX e Investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org.
Referencias
[1] Calveiro, Pilar. (2012). Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 35.
[2] De acuerdo al informe “La última dictadura. Mejor no hablar de ciertas cosas” del Ministerio de Educación de Argentina (2004), entre 1930 y 1983 hubo seis golpes militares, siendo el último de éstos en 1976, el más atroz debido a los altos niveles de autoritarismo y graves violaciones a los derechos humanos. Para acceder al documento vaya al siguiente enlace http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005391.pdf
[3] Segato, Rita. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
[4] Blair, Elsa (2010). La política punitiva del cuerpo: “economía del castigo” o mecánica del sufrimiento en Colombia. Estudios políticos, enero-junio, p. 50.
[5] Ídem.
[6] Fraser, Nancy (2014). “Tras la morada oculta de Marx”, en New Left review 86, (may-jun, 2014). Ecuador: Instituto de Altos Estudios Nacionales.
[7] Harvey, David (2005). El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist register 2004, Buenos Aires: CLACSO, pp. 99-129.
[8] Calveiro. Op. cit.
[9] Segato, Rita. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Buenos Aires: Tinta Limón.
[10] Federici, Silvia. (2018). El patriarcado del salario. Buenos Aires: Tinta Limón.
[11] Para reflexionar más sobre este punto, recomendamos leer el artículo: Robles, Mitzi. (2022). “La muerte violenta de las personas buscadoras en México: una herida compartida” En A dónde van los desparecidos Disponible en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/10/13/la-muerte-violenta-de-las-personas-buscadoras-en-mexico-una-herida-compartida/
[12]Foucault, Michel (2014). Las redes del poder, Buenos Aires: Prometeo, p. 52.
[13] Federici, Silvia (2022). Ir más allá de la piel: repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Buenos Aires: Tinta Limón.
[14] Para ampliar este análisis recomendamos la lectura del artículo: Ramírez, Alejandra. (2022). “Madres buscadoras que mueren sin encontrar”. Sin embargo. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/09-05-2022/4179437
[15] Estévez, Adriana (2017). “La repolitización de los derechos humanos frente a la gubernamentalidad neoliberal del sufrimiento social: una lucha de contraconducta”, en 9 razones para (des) confiar de las luchas por los derechos humanos, Estévez y Vázquez (Coord.) México: FLACSO México/ CISAN/ UNAM.
[16] Segato, Rita. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad, Buenos Aires: Prometeo.
[17] Le Cour Grandmaison, R. (2020, 7 diciembre). Orden, soberanía(s) y violencia en México. Otra propuesta. Nexos. Recuperado el 05 de mayo de 2023 de https://seguridad.nexos.com.mx/orden-soberanias-y-violencia-en-mexico-otra-propuesta/
*Foto de portada: Mujeres buscadoras comparten un momento de calma y risas durante una búsqueda, Los Mochis, Sinaloa, 2018 Foto: Alejandra Ramírez
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
