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22.12.2023.- Ciudad de México.-La abogada Larisa Ortiz Quintero ha sido designada como presidenta del Tribunal Superior Agrario (TSA) para el periodo 2023-2026, su designación es relevante, al ser la primera persona indígena en presidir -luego de su creación hace 31 años-, una de las instituciones más importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas, derechos de la tierra y los derechos de las mujeres rurales.
“Las instituciones tienen que acercarse a la gente, a los núcleos y sujetos agrarios. Me sumo a la labor de un trabajo territorial, trabajaré y promoveré una justicia agraria con una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de género, pero, particularmente, una perspectiva intercultural” en reconocimiento de las comunidades indígenas, señaló cuando fue ratificada como magistrada por el pleno del Senado.
La experta en derechos indígenas y perspectiva de género sabe que las mujeres en los territorios rurales integran el grupo más desfavorecido e invisibilizado del país. Datos del mismo Tribunal indican que:
>“las mujeres viven entre desigualdades e inequidades sociales que continúan perpetuando su acceso diferenciado a oportunidades como los son: la propiedad de la tierra, educación, créditos, asistencia técnica, ingreso, servicios de salud sexual y reproductiva, así como a una menor participación en la toma de decisiones”, señala el informe La Mujer en los datos del campo mexicano (2022).
En sesión y por mayoría de votos, las y los seis magistrados integrantes del Tribunal Agrario determinaron que Larisa Ortiz Quintero sería la persona ideal para sustituir a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, una vez que terminó su cargo de tres años el pasado 15 de diciembre de 2023.
Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre el pleno del Senado ratificó con 82 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el nombramiento de dos magistrados en el Tribunal Superior Agrario, una de ellas, Larisa Ortiz, en aquel momento, la ahora magistrada presidenta destacó la labor de los Tribunales Agrarios en las Jornadas de Justicia Itinerante:
Su experiencia como jurista la ha adquirido en la administración pública de la Ciudad de México. Desde el 2020 se desempaña como magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de enero del 2019 a diciembre del 2020 fue titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, así como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México durante la jefatura de Claudia Sheinbaum Pardo. Los doce años trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde recibió varios reconocimientos por su desempeño.
En el 2016 recibió la Medalla Omecíhuatl, por sus más de 26 años de trayectoria social en beneficio de las mujeres indígenas en la Ciudad de México. Dicho premio es otorgado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México como reconocimiento a mujeres u organizaciones que por su labor dejen una huella positiva en esta población de la capital.
¿Quién es Larisa Ortiz?
Larisa Ortiz es originaria de Santa Cruz Huitziltepec, municipio Molcaxac, Puebla, indígena nahua de la mixteca poblana y tiene amplia experiencia como jurista en la defensa de los derechos indígenas y la equidad de género.
Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una maestría en Derecho Procesal Penal orientada al procedimiento acusatorio y juicios orales, tiene especialización en Derecho Agrario y Derecho Indígena, cuenta también con una maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Derecho Indígena por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Además de haber sido integrante de diferentes organizaciones sociales e indígenas como el Congreso Nacional Indígena, Tequio Jurídico A. C. y redes de abogadas y mujeres indígenas, también es docente de licenciatura y posgrado en derecho indígena en diversas universidades como la UNAM y la Universidad Rosario Castellanos.
Las mujeres rurales en México
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, las mujeres que viven en localidades rurales representan una cuarta parte de la población mundial, y son ellas quienes producen, transforman y preparan el 50 por ciento de los alimentos del mundo, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las familias.
Ellas, representan más del 40 por ciento de la fuerza del trabajo agropecuario y pesquero; sin embargo, comparadas con los hombres, las mujeres no presentan el mismo acceso ni igualdad de condiciones a los recursos, bienes y servicios necesarios para tener una vida en bienestar debido principalmente a que no todas las mujeres reciben ingresos monetarios por las actividades que realizan, puesto que la mayoría de estos trabajos se consideran como “apoyo familiar”.
Para el caso de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el 21.1 por ciento de las mujeres del país viven en localidades rurales. De ellas, el 13.6 por ciento no recibe ningún pago por su actividad laboral.
En cuanto a la propiedad de la tierra, según el Registro Agrario Nacional (RAN), esta se ha incrementado un 4 por ciento desde el 2016, en favor de las mujeres. En el 2021, las mujeres rurales representaron el 25 por ciento del total de ejidatarios, posesionarios, comuneros o avencidado con un certificado parcelario o de uso común vigente, contra el 20.54 por ciento en el 2016.
En México, de los núcleos agrarios certificados (número de sujetos con calidad de ejidatario, posesionario, comunero o avecindado) se desprende que de un total de 5 millones 24 mil 122 personas que cuentan con un certificado parcelario o de uso común vigente, solamente 1 millón 340 mil 702 son mujeres.
Los datos con perspectiva de género en el ámbito rural en México son contundentes: las brechas que impiden a las mujeres aprovechar al máximo sus potencialidades en el ámbito rural radica en la invisibilización de su papel en el desarrollo del campo y la infravaloración del reconocimiento de su trabajo, destaca el documento La Mujer en los datos del campo mexicano.
Los Tribunales Agrarios como garantes de la paridad
La importancia de los Tribunales Agrarios en la defensa de los derechos de las mujeres radica en las sentencias de las resoluciones de juicios agrarios de sucesión de derechos y prescripción de derechos parcelarios (incluso entre consortes), como lo prevé la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los Tribunales Agrarios están comprometidos con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Por ello consideran prioritario juzgar con perspectiva de género, que, en este ámbito, significa identificar la existencia de patrones culturales de discriminación contra las mujeres, lo cual las coloca en desventaja injustificada.
Entre las controversias más comunes que resuelve en el TSA está la de no respetar la cuota de género prevista en el artículo 37 de la Ley Agraria, que señala el derecho a la participación de las mujeres en las decisiones de ejidos y comunidades que se materializa al contender y ser electas como integrantes propietarias de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales y los Consejos de Vigilancia. Ellas deben tener una representación de al menos el 40 por ciento en las planillas contendientes para órganos de representación y vigilancia.
Los Tribunales Agrarios se crearon en enero de 1992, en el marco de una reforma al Artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala lo siguiente:
“Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra, de los ejidos y comunidades. Para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.”
Posteriormente se expidió la Ley Agraria (el 23 de febrero de 1992), es reglamentaria del Artículo 27 constitucional y en ese mismo año se promulgó la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la cual establece su integración y como sede del Tribunal Superior Agrario la Ciudad de México. El Tribunal Superior Agrario inició funciones el 8 de julio de 1992, junto con 32 Tribunales Unitarios.
