Paralaje/
Liébano Sáenz/
La singular circunstancia de alarma por la pandemia, en la que se programó la consulta para que la gente decidiera sobre el futuro de la inversión privada en proceso para establecer una cervecería en Mexicali, era suficiente para suspenderla. No ocurrió así. Las autoridades no debieron apostar al resultado, sino a la legalidad. Los representantes empresariales debieron utilizar todo su músculo político para exigirle al gobierno federal que se sometiera a la ley, toda vez que la consulta se desarrolló al margen de lo que determina la norma.
Hay lugar para que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre temas de obra pública o privada con impacto social, la ley determina las condiciones de su realización. El marco legal podrá ser rígido y complicado, pero es el que existe, y las autoridades tienen la obligación de observarlo y, en todo caso, hacer uso de su derecho de iniciativa para modificar la ley y hacer de estos procesos un mecanismo confiable y generador de certeza para todos.
Las reglas básicas de una consulta son, primero, la información y el debate público para un voto razonado. Segundo, un nivel razonable de participación para que la decisión tenga validez en términos de representatividad. Tercero, se requiere la organización imparcial por una instancia competente. Cuarto, una definición numérica para la construcción de mayoría. Ninguno de estos cuatro elementos básicos se cumplió. La consulta no es legal, bajo ninguna circunstancia. No debiera tener categoría de vinculante para nadie, menos para las autoridades, que sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
Lo anterior vuelve irrelevante quién tiene la razón: la empresa o quienes se oponen. Lo que está en el centro de la discusión son dos aspectos, el jurídico, que es el de legalidad y el político, una fórmula legítima de consulta que sea legal, confiable, representativa y con efectos de observancia obligatoria.
Las insuficiencias del proceso estuvieron a la vista. Debieron ser cuestionadas en tiempo y forma. La complacencia de todos, especialmente de los representantes empresariales, que, entre ellos y el gobierno dejaron en estado de indefensión a la empresa ante un acto ilegal de autoridad a todas luces. La empresa misma o los ciudadanos de Baja California debieron haber recurrido a las instancias judiciales para suspender un evidente acto de autoridad sin base legal. No ocurrió así. Un reiterado precedente que lastima, por donde se le vea, no solo a las inversiones, sino a la certeza jurídica y a la modalidad de democracia directa como mecanismo para fundar o complementar la toma decisiones.
Independientemente del resultado de la consulta y de su ilegalidad, hay una lección que las empresas que realizan proyectos de inversión con impacto comunitario deben tener presente: los políticos, ya constituidos en condición de autoridades, en términos prácticos, no tienen interés en proteger a las empresas que al ejecutar obras tienen algún rechazo entre la población. Hoy no basta la razón legal, técnica o de negocio, es imprescindible también involucrar a la comunidad, informar y convencer. Esto debe entenderse, es un imperativo para cualquier caso, por la ilegal y voluntariosa manera que tiene el actual gobierno de tomar decisiones a partir de “consultas populares”.
Los tiempos de ahora demandan una nueva actitud del empresariado. Se deben planear socialmente los proyectos de obra. Su ejecución requiere de mecanismos de consulta y de información que permitan a la población tener conocimiento cierto de los riesgos, costos, implicaciones y, desde luego, también de las bondades y ventajas. No hacerlo es darle espacio para que el rechazo a la obra corra por veredas indeseables, incuso promovidas no sólo por una resistencia de buena fe, sino por competidores en el negocio. Ese tipo de prácticas se dan aquí y en el mundo.
En el caso de Mexicali, el gobierno está en una circunstancia muy comprometida por el resultado. Por una parte, no lo debe hacer propio, por la otra, quienes se oponen a la cervecería consideran tener un aval irreversible. La salida no es fácil. Además, la ubicación del proyecto atendía a una definición de negocio. No es sencillo encontrar un lugar alterno y no controvertido en términos de acceso al agua.
Lo ocurrido llama a un cambio en la relación de empresas y organizaciones empresariales con las autoridades. La certeza y la confianza se construyen a partir del respeto a la ley y esto es una definición de principio para todos, especialmente para las autoridades que debieran tener como valor fundacional la ley y como cometido observarla y hacerla observar.
Las diferencias y el conflicto son consustanciales a la realidad, por esta razón es necesario plantear proyectos que trasciendan la dimensión técnica o de negocio, que incorpore las variables de carácter social. En los tiempos que corren, la ley es la premisa cardinal, pero no se puede gobernar a espalda de la sociedad y sus comunidades, tampoco se pueden realizar proyectos particulares de impacto social sin considerarlas.
