*
14/101/2021/ México.- El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado este martes al Gobierno de México que “deje de criminalizar la protesta y la defensa de los Derechos Humanos” y ha denunciado torturas y malos tratos a activistas.
Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, la ONU ha matizado en un comunicado que su caso constituye un ejemplo más de violación de los Derechos Humanos y de la Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Según el comité, Gallardo fue sometido a abusos y malos tratos durante más de cinco años cuando se encontraba bajo custodia por unos delitos que no cometió.
El 28 de diciembre de 2018, los defensores de derechos humanos mexicanos Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña fueron puestos en libertad después de pasar más de 5 años en lo que se determinó como detención arbitraria. Los casos recibieron atención internacional, y la liberación de los defensores de derechos humanos y sus compañeros de prisión parecen ser el inicio del acorde a las promesas hechas por el recién nombrado presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para introducir medidas de reconciliación y liberación de presos.
Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, la ONU ha matizado en un comunicado que su caso constituye un ejemplo más de violación de los Derechos Humanos y de la Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Según el comité, Gallardo fue sometido a abusos y malos tratos durante más de cinco años cuando se encontraba bajo custodia por unos delitos que no cometió
Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región Mixe, había defendido la educación en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y había participado en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial, tal y como ha alertado el comité.
Así, permaneció detenido en régimen de incomunicación en un “centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de la Policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación”.
El propio Gallardo ha denunciado que los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja, así como con asesinar a sus padres. Además, fue obligado a firmar una serie de documentos que luego fueron utilizados para su supuesta confesión.
Tras dicha “confesión”, recoge el texto del comité, “fue acusado de formar parte del crimen organizado y de secuestrar a dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México”.
Por ello fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.
Durante este tiempo fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día”, ha lamentado la ONU. “Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena”, añade.
Tanto él como su familia han presentado varias denuncias por los actos de tortura cometidos en su contra, pero estas no han resultado en la apertura de investigaciones signicativas “Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de inigirle dolor o incluso la muerte”, ha dicho Peter Vedel Kessing, miembro del Comité.
Los familiares directos de Gallardo también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso al que se enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, ha armado.
Por todo ello, el comité ha hecho un llamamiento al Gobierno mexicano para “tomar todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de no repetición” y preserve “los derechos de los pueblos indígenas para que no sean criminalizados por sus actividades legítimas en defensa de los Derechos Humanos”.
A su vez, ha solicitado que México proporcione a Gallardo y a sus familiares una “reparación integral” y una “disculpa pública”.
Opinión de Damián Gallardo respecto a la militarización del país.
