Prosa aprisa.
Arturo Reyes Isidoro.
Es patética –en todas las acepciones de la palabra patético: que conmueve profundamente o causa una gran tristeza; penoso, lamentable, ridículo– la confesión que acaba de hacer, y que se hizo pública incluso con el respectivo audio testimonial, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz.
Dijo la señora, nada más y nada menos que la titular del Poder Judicial de Veracruz, que ni el miércoles ni el jueves de la semana pasada comió luego de que tomó la decisión (fue obligada a hacerlo), “porque tenía que tomarla”, de desaparecer 29 Juzgados ubicados en distintos puntos de la entidad, lo que genera un “ahorro” de 22 millones de pesos.
“Pero no crean que me sentí feliz, moralmente me sentí nada bien. Gracias a Dios ya lo superé”. Qué bueno que ya está en paz con su conciencia, lo que seguramente le permite sentarse a la mesa de su casa a comer y puede mirar de frente a los suyos, sin ningún rubor, luego de la grave humillación, hasta la indignación, que sufrió por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, según ella misma narró.
En una reunión que tuvo con los magistrados del Tribunal el viernes hace una semana, la señora, ya sometida, les transmitió el mensaje del gobernador de que se bajen su salario en 30 por ciento porque el Poder Judicial está en quiebra. Entonces, “yo fui varias veces con el señor gobernador y ya esta vez que fui me dice: ¿qué no entiende? Hable con los magistrados y dígales que me apoyen, hasta diciembre”.
Es indigno, vergonzoso que le haya permitido el uso de ese lenguaje, de ese tono, no solo porque representa un poder autónomo, el Judicial, sino por su calidad de mujer y mayor de edad que él. Y todavía fue capaz de platicárselo a sus pares magistrados, hombres y mujeres, quienes, al menos a los que conozco, deben sentir por ella pena y hasta lástima por haber caído tan bajo en su dignidad.
Un togado con dignidad hubiera convocado de inmediato a los magistrados, les hubiera informado lo que había sucedido y les hubiera hecho saber que en defensa de la autonomía del Poder Judicial había rechazado la petición del gobernador, que le había adelantado que presentaría su renuncia al cargo y que la presentaba ante ellos.
La señora, pues ya está en paz con su alma, pero, creyente, como se advierte que es, no tiene ninguna carga de conciencia por haber dejado sin trabajo a jueces, a empleados de los juzgados, indefensos a quienes necesitan que se les haga justicia, quienes ahora tendrán que viajar más largas distancias, perder más tiempo y gastar más para pagar sus viajes a las nuevas sedes judiciales, así como a los abogados defensores quienes les correrán los gastos que, a su vez, harán. Doña Isabel Inés seguramente fue el domingo pasado, y lo volverá a hacer el próximo, a darse golpes de pecho a la iglesia, “por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa”, a tranquilizar su conciencia, mientras decenas de familia enfrentan problemas económicos para sobrevivir, gracias al poder de su firma.
Está para defender la autonomía, le recuerdan
Como se esperaba, los magistrados le recordaron que ella estaba para defender la autonomía del Poder Judicial, que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege sus salarios y que existen otros ordenamientos por los que no les pueden rebajar sus sueldos.
La ¿piadosa? mujer reveló a los magistrados que el TSJ enfrenta un déficit de 500 millones de pesos y que el gobernador les pide que en “forma voluntaria” rebajen su salario en 30 por ciento. Todavía, a manera de advertencia, les comentó que “le voy a decir al señor gobernador, fulano, sultano y perengano va a apoyar”, que le va a enviar una lista (no tiene porqué porque no es su empleada; bueno, es un decir) de quiénes dijeron que sí (todos los magistrados chairos, promovidos por Cuitláhuac) y quiénes que no, el resto, con lo que ella misma estará violando la autonomía del Poder Judicial y, a la vez, convirtiéndose en una delatora de quienes hasta ahora han sido sus compañeros.
Los magistrados le respondieron a doña Isabel Inés que lo que debe de hacer es exigir que les entregue el monto total asignado para este año, de mil 614.3 millones de pesos (281.1 mdp menos que en el 2020), que debe de interponer un recurso de inconstitucionalidad por los recortes que se le hicieron, ya que en 2017 entró en vigor la reforma al artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para asignar al Poder Judicial autonomía presupuestaria y con ella se estableció que el monto total podría ser mayor, pero no menor, al 2 por ciento de la totalidad del presupuesto general del estado, y que oportunamente le pidieron que solicitara en el Congreso una ampliación del presupuesto.
Lo curioso es que se argumenta que no hay recursos, pero en cambio han anunciado más millones para rehabilitar otro campo de béisbol en la cuenca del Papaloapan, o sea, no hay para cosas prioritarias como dotar de medicamentos a niños con cáncer ni para acercar la impartición de justicia a los veracruzanos, pero para la diversión, el disfrute y quedar bien con el presidente, para eso sí. Incongruentes.
Una muestra más del sometimiento
El 26 de enero pasado, con el subtítulo “El sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo”, comenté:
País mío, estado mío. El viernes pasado (22 de enero), en Córdoba, la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia (nunca supe en qué año le quitaron la H. de Honorable Tribunal), doña Isabel Inés Romero Cruz, sin mayor rubor declaró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les “instruyó” (se entiende en el sentido de que les ordenó a ella y a los magistrados, al Poder Judicial) que el Consejo de la Judicatura investigara la actuación de todos los jueces del Estado. Previamente el titular del Ejecutivo había denunciado públicamente que jueces liberan a presuntos delincuentes.
Mal. Penoso. El Judicial es un poder independiente, al menos en teoría. No puede ni debe estar subordinado al Ejecutivo ni al Legislativo y su titular no puede ni debe estar sometido a las “instrucciones” del gobernador. Una cosa es que atienda cualquier denuncia, del gobernador y de cualquier ciudadano, y actúe en consecuencia, conforme a su responsabilidad, y otra es que lo haga porque lo ordena el hombre poderoso del Palacio de Gobierno.
Pero seamos justos. En realidad lo único que hizo fue poner al desnudo lo que prácticamente todo el mundo sabe: el sometimiento –como el del Legislativo también– al gobernador, aunque hasta antes de que llegara el cuitlahuismo al poder se guardaban las formas.
Faltó documentar el helicóptero
Sobre las propiedades de la diputada local Erika Ayala Ríos, me escribieron distinguidos priistas para comentarme que faltó documentar el helicóptero de su propiedad, que opera con base en El Lencero, bajo un prestanombre.
Me comentaron que, desde finales del gobierno de Javier Duarte, cuando lo obtuvo (la versión que daba era que se lo había regalado su papá), da servicio comercial, lo alquila, y que entre los políticos del PRI lo llaman “el bicho”, porque no es de gran tamaño.
La pequeña nave la han usado sobre todo directivos y candidatos priistas, así como funcionarios, y me dijeron que saben que en este gobierno lo puso a disposición del gobierno de la 4T, que se lo ha prestado al secretario de Gobierno, Eric Cisneros (foto testimoniales que había en las redes sociales ya las bajaron) y a eso atribuyen que goce de impunidad y hayan parado la investigación en la SEV en su contra.
Los tricolores que me llamaron me dijeron muy molestos que su partido vino en declive gracias a personas como ella, lo que causó descrédito, desconfianza y rechazo hacia el PRI, y que esperaban que hubieran reaccionado en el CDE. En efecto, guardaron silencio.
