<< En un acto de Seguimiento a la Recomendación 98VG/2023, emitida por este organismo nacional, dijo que es una deuda histórica reivindicar a quienes fueron víctimas de represión y tortura, y anunció que su edificio sede llevará desde hoy el nombre del abogado y defensor de los derechos del pueblo Marco Antonio Lanz Galera
18.05.2023. Ciudad de México .- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),a Rosario Piedra Ibarra, ofreció este día, a nombre de la institución, una disculpa pública a las víctimas y familiares de víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo de violencia política de Estado, comprendido entre 1965 y 1990, por sus omisiones en la investigación de esos hechos, contribuyendo con ello al aplazamiento de la justicia por más de 22 años.
Durante el acto de Seguimiento a la Recomendación 98VG/2023, emitida por este organismo nacional sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos durante el pasado reciente, dijo que es una deuda histórica reivindicar a quienes fueron víctimas de esta situación, y llamó a las diversas autoridades recomendadas a unirse para trabajar con el objeto de resarcir el enorme daño social ocasionado a personas y colectividades enteras, y a todo el país, durante la etapa conocida como la “Guerra Sucia”.
En las instalaciones del edificio sede de la CNDH, que desde hoy llevará el nombre del abogado y defensor de presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera -quien también fue perseguido y asesinado por agentes del Estado mexicano en 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines-, la presidenta Piedra Ibarra indicó que desde la primera administración de esta institución, presidida por Jorge Carpizo McGregor, se llevó a cabo un montaje inmoral para entregar la investigación y resolución de los casos de desaparición forzada a los mismos que engendraron la violencia política, es decir, a torturadores, secuestradores y asesinos pertenecientes a la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), al desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso, detalló, en esa primera CNDH se llegó a crear un programa (Programa de Presuntos Desaparecidos) que en su nombre “llevaba la negación de nuestras demandas, porque ni siquiera podían reconocer que hubiera personas desaparecidas en nuestro país”, lo cual confirmó la colusión entre autoridades, los pactos de silencio y complicidad, además de que desde esta misma institución defensora de los derechos humanos “se ocultó información valiosísima que hubiera sido útil para explicar las razones de la desaparición de algunas víctimas”, a cuyos familiares inclusive se les amenazó, hostigó y obligó para que desistieran de continuar su lucha y el trámite de sus quejas, lo cual está ampliamente documentado en la citada Recomendación.
Rosario Piedra Ibarra recordó que a principios de los años noventa las madres del Comité ¡Eureka!, entre ellas doña Rosario Ibarra de Piedra, fueron recibidas por el recién nombrado presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, quien se limitó a contestar que la CNDH no tenía funciones ejecutivas ni autoridad y poder sobre dependencias judiciales o administrativas, por lo que sólo se limitaba a dar Recomendaciones, mismas que podían o no ser acatadas por el gobierno, “es decir que no podía hacer nada, prefigurando así el retrato de un engendro simbólico meramente testimonial”.
Por tal motivo y frente a víctimas de violaciones a derechos humanos y personal de esta Comisión, la presidenta de la CNDH, ofreció “una disculpa pública al honor y dignidad de las 814 víctimas enunciadas en la Recomendación 98VG/2023, de todas las víctimas de violencia política de Estado por las afectaciones ocasionadas”, por la violación a sus derechos humanos; así como a sus familiares quienes acudieron, en su momento, a la Comisión en busca de justicia y reparación, mas no fueron escuchadas ni atendidas y, peor aún, fueron engañadas mediante recursos dilatorios.
Asimismo, en su carácter de titular de la CNDH se comprometió a hacer todo lo que esté al alcance del organismo para resarcir las afectaciones y los daños causados, por lo que anunció la presentación de una reforma interna para evitar que se emitan Recomendaciones insuficientes o mal integradas, además de que instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos para intensificar las acciones de capacitación y sensibilización del personal de esta Comisión, especialmente a quienes tienen contacto con personas quejosas; así como a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente para que apoye las acciones de seguimiento de la Recomendación 98VG/2023, y para trabajar de la mano de las autoridades en su cumplimiento total.
Por último, expresó que un plan de reparación del daño necesita dinero y, en este sentido, señaló: “indigna que persista el dispendio de recursos públicos que podrían ser usados para cosas mejores. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que alcanzaron un monto de más de 20 mil y medio millones de pesos en 2022, de los cuales, más de 6 mil millones correspondieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 14 mil millones de pesos a pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados del Consejo de la Judicatura Federal”; así como los mil 500 millones de pesos acumulados entre 2018 y 2021 por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que se preguntó por qué no dedicar ese dinero a la reparación de las víctimas de la llamada “Guerra Sucia”.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de este organismo autónomo, Francisco Estrada Correa, afirmó que este acto es un ejercicio de reivindicación moral e histórica en el que se rinde homenaje a las víctimas de la violencia política del Estado y salda una deuda de la vieja CNDH que le falló a las víctimas y que, en lugar de cumplir su función, fue parte del complejo de simulación y dilación de la justicia, porque entregó la defensa de los derechos humanos a los mismos perpetradores de esas violaciones.
En este sentido, detalló, se rinde homenaje al abogado Marco Antonio Lanz Galera, porque encarna en su figura a las víctimas, él fue una de ellas, pero además también a quienes las defendían, ya que fungió como defensor de derechos en los tiempos en que hacerlo era un “agravio” que el Estado se cobraba con la vida de los audaces. Agregó que el cumplimiento de la Recomendación 98VG/2023 permite rescatar el olvido y se recupera para la memoria el nombre y la figura del abogado Lanz Galera quien, aseguró, es un referente de la abogacía limpia, honesta y al servicio del pueblo, pues si bien no fue uno más de esos conspicuos integrantes de la élite jurídica asociada al poder, ni secretario de Estado, ni ministro de la Corte, hizo más que muchos de ellos, subrayó.
Antes de concluir el evento, donde se develó una pintura al óleo de Marco Antonio Lanz Galera, obra de Espartaco Rosales, y una inscripción que da su nombre al edificio sede de la CNDH, detalló que parte de la transformación profunda que vive nuestro país está en desmontar los aparatos del viejo régimen político para simular la democracia y asegurarse que no hubiera castigo para las violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario cambiar las mentalidades y conciencias.
