**El objetivo es que las y los legisladores conozcan de forma directa los problemas que vive a diario este sector, indican la senadora Xóchitl Gálvez y el senador Eduardo Ramírez.
01/03/2022/ Ciudad de México.- Durante el Primer Parlamento de la Mujer Indígena, que se realizará en el Senado de la República, el próximo 4 de marzo, se abordarán, debatirán y analizarán la violencia política, económica, cultural e institucional, así como otras agresiones que enfrenta este sector de la población, adelantaron la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y el senador Eduardo Ramírez Aguilar.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, dijo que el objetivo de este Parlamento es que las y los legisladores conozcan de forma directa los problemas que viven las mujeres de estas comunidades, en los distintos ámbitos de la vida pública, puesto que “hay situaciones que no podemos comprender, porque no las conocemos en carne propia”.
Reiteró que, a través de este espacio que se abrirá en la Cámara de Senadores, las mujeres que pertenecen a alguna comunidad indígena, afromexicana o pueblo originario, podrán exponer sus experiencias y se podrá constituir una agenda legislativa de participación política de forma más cercana.
Eduardo Ramírez adelantó que, como parte de este Primer Parlamento de la Mujer Indígena, a partir de mañana se celebrarán reuniones de comisiones virtuales con las participantes tzeltales, tojolabales, mames, choles de Chiapas, y de otros pueblos originarios de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Jalisco y Estado de México.
Además, comentó que, para este ejercicio, se han recibido 27 iniciativas relacionadas a violencia política, 12 sobre violencia institucional, ocho iniciativas de acceso a la justicia y cuatro respecto a feminicidio, “estos temas son los que han salido de manera espontánea”.
El legislador de Morena destacó que en nuestro país existen comunidades donde las niñas son vendidas por sus familias con fines de matrimonio, pero cuando éstas escapan a sus casas para buscar refugio y reclamar su derecho a decidir, no son tomadas en cuenta porque ya hubo una negociación.
“No puede verse a la mujer como un objeto, como una cosa (…), las mujeres tienen más capacidad que los hombres porque las acompaña la sensibilidad, el razonamiento, la capacidad profesional; además, ellas han ganado sus espacios”.
Por otro lado, dijo que hay avances en la representación de las mujeres indígenas en las cámaras de los congresos; sin embargo, en los ayuntamientos y en los pueblos donde se gobierna con usos y costumbres, no sucede lo mismo, ya que las planillas de representación de mujeres son agregadas como “relleno” y quienes en verdad gobiernan son los hombres.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que este Parlamento busca escuchar a todas las mujeres de origen étnico, para que propongan nuevas leyes que permitan reducir la brecha de desigualdad y “dejen de sufrir la triple violencia: por ser mujeres, indígenas y pobres”.
Coincidió en que es necesario visualizar, abordar y erradicar todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en todos los ámbitos, como el matrimonio infantil, la discriminación, las diferencias laborales, la falta de acceso a la salud y a las tierras, la violencia política, así como la violación a sus derechos humanos.
Recordó que, de septiembre de 2017 a julio de 2018, 106 candidatas a distintos puestos de elección popular han padecido ataques de violencia política, 16 fueron asesinadas; y se registraron cinco secuestros.
En ese sentido, denunció que existen casos en los que mujeres han contendido y ganado cargos de elección popular, pero la discriminación y la violencia política local está tan arraigada, que el cabildo local se organiza para que sea el marido quien ocupe el cargo.
Por ello, dijo que la presencia de las mujeres indígenas en las cámaras del Congreso y en distintos espacios locales, como las regidurías o alcaldías, son un mecanismo para modificar lo que no está funcionando en materia de políticas públicas, porque esas no atienden la diversidad cultural o lingüística y no reconocen a las mujeres indígenas como sujetos de derecho.
