*La Presidenta reivindica la soberanía y exige pruebas a EE.UU. ante acusaciones contra Rocha Moya.
14.05.2026 Ciudad de México.- En medio de una creciente tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos por los señalamientos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión de no actuar de manera inmediata contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve mexicanos requeridos por autoridades estadounidenses, al insistir en que cualquier procedimiento debe sustentarse en pruebas y apegarse a la Constitución.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria rechazó las críticas de sectores de oposición, analistas y los que llama “comentócratas” que la acusan de proteger a presuntos “narcopolíticos”, y sostuvo que su postura no responde a cálculos políticos sino a una obligación institucional y jurídica.
“No es una decisión política, como lo han querido hacer ver; no es de que decida entre esas tres opciones. No, es la decisión responsable de la presidenta de México primero de defender la soberanía nacional y segundo, de que frente a cualquier acusación se pidan, sea la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Fiscalía General de la República, pruebas para una posible detención de una persona”, declaró.
La presidenta explicó que se ha intentado reducir el debate público a tres posibles escenarios: extraditar de inmediato a los señalados por Estados Unidos, detenerlos en territorio mexicano o simplemente no actuar. Sin embargo, insistió en que existe un elemento fundamental que no puede omitirse: las evidencias judiciales.
“Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley”, subrayó.
Como parte de su defensa, Sheinbaum reveló que el propio gobierno de Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición promovidas por México debido a la falta de pruebas suficientes, argumento que ahora, dijo, debe aplicarse de manera recíproca.
“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al Gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. ¿Por qué? Por falta de pruebas”, afirmó la mandataria.
La revelación ocurre luego de que una corte federal estadounidense y fiscales del Departamento de Justicia vincularan a Rocha Moya y a otros actores políticos sinaloenses con supuestas redes de protección al Cártel de Sinaloa. El caso ha generado un intenso debate tanto en México como en Estados Unidos y ha elevado la presión sobre el gobierno mexicano para actuar con mayor rapidez.
La oposición mexicana, particularmente dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional, ha solicitado incluso juicio político contra Rocha Moya y ha acusado al gobierno federal de encubrir vínculos con el crimen organizado. ([El País][4])
En respuesta, Sheinbaum insistió en que ninguna persona puede ser procesada únicamente por presiones mediáticas o intereses políticos internacionales, y sostuvo que su administración no permitirá que se vulnere el principio de presunción de inocencia.
“No importa de qué partido político sea, si es funcionario público o no. Si hay una acusación, debe haber pruebas”, dijo. ([El Ágora][5])
La mandataria también contextualizó su posición dentro de una defensa más amplia de la soberanía nacional, tema que se ha convertido en uno de los ejes discursivos de su gobierno frente a las recientes acciones y declaraciones provenientes de Washington. En semanas recientes, México y Estados Unidos han protagonizado fricciones derivadas de reportes sobre presuntas operaciones de la CIA en territorio mexicano, acusaciones de injerencia política y diferencias en materia de seguridad. ([El País][6])
“Nosotros no queremos ni debemos vulnerar la relación con Estados Unidos, pero tenemos que defender siempre la soberanía y la soberanía, de acuerdo con el 39 Constitucional, reside en el pueblo”, sostuvo la presidenta.
Sheinbaum recordó además el juramento constitucional que realizó al asumir la Presidencia de la República y afirmó que su obligación es defender la Carta Magna y las leyes mexicanas por encima de presiones externas.
La controversia ha escalado en un contexto particularmente delicado para la relación bilateral. Investigaciones periodísticas recientes en medios internacionales han señalado supuestas operaciones de inteligencia estadounidense relacionadas con el combate al narcotráfico en México, mientras el gobierno mexicano ha manifestado preocupación por cualquier intervención extranjera que no respete los canales institucionales. ([El País][6])
En paralelo, el debate público en redes sociales y espacios digitales se ha polarizado. Mientras simpatizantes del gobierno consideran legítima la exigencia de pruebas y el respeto al debido proceso, sectores críticos sostienen que la administración federal busca proteger a figuras cercanas a Morena. En foros y comunidades digitales abundan posturas encontradas sobre el caso Rocha Moya y el alcance de la cooperación judicial entre ambos países. ([Reddit][7])
A pesar de la presión política y mediática, la presidenta dejó claro que su administración mantendrá la misma línea de actuación.
“Nosotros juramos defender la Constitución, las leyes y la soberanía nacional. Esa es nuestra responsabil
