*Senador Monreal dice que entre 2006-2016 cada día 3 mujeres fueron sometidas a esa operación.
*Presentará una iniciativa para prohibir esa práctica.
/Elda Montiel/
SemMéxico, Cd. de México, 11 noviembre 2019.- Entre 2006 y 2016, todos los días fueron esterilizadas tres mujeres en México, entre ellas, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes fueron sometidas a una intervención quirúrgica sin su consentimiento y con la excusa de evitar embarazos ante violaciones sexuales.
Las cifras de la Secretaría de Salud, son planteadas por el senador Ricardo Monreal Ávila, quien pesentará una iniciativa para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, a través de la erradicación de la esterilización forzada.
La propuesta legislativa busca modificar la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para prohibir la práctica de cualquier tipo de procedimientos químicos o quirúrgicos que pretendan, de manera forzada, provocar la esterilización de ese sector vulnerable.
El coordinador de los senadores de Morena propondrá incorporar al Código Penal Federal un agravante cuando se suscite esa práctica.
Por otra parte, también anunció que presentará otra iniciativa para la promoción del acceso de este sector a bienes, productos y servicios, modificando la Ley Federal del Consumidor, para garantizar que las transacciones de bienes y servicios sean accesibles a todas las personas, incluyendo a quienes tienen alguna discapacidad.
Argumenta que las y los consumidores con discapacidad enfrentan severas dificultades debido al acceso nulo o restringido a ciertos bienes, productos y servicios, a pesar de las legislaciones que, en los últimos años, se han diseñado para revertir esta situación.
Uno de los principales impedimentos identificados es la negación del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sostiene Monreal.
El legislador lamenta que persisten áreas que aún requieren de garantías reforzadas para echar abajo todas las barreras que redundan en la marginación, exclusión o discriminación.
Reconoce que la legislación y la política pública mexicanas han avanzado significativamente en el cumplimiento de los compromisos internacionales formalizados en la Convención de Personas con Discapacidad.
