*Para 2050, 306 millones de personas en las Américas tendrán 60 años o más.
04.11.2026 /CimacNoticias.com/ El envejecimiento de la población en las Américas incrementará la demanda de cuidados de larga duración, pero la falta de sistemas públicos suficientes mantiene a las familias como principales responsables de atender estas necesidades, una carga que recae desproporcionadamente en las mujeres.
Para 2050, se estima que 306 millones de personas en la región tendrán 60 años o más, es decir, más de una de cada cuatro habitantes. Este escenario plantea desafíos para los sistemas de salud y protección social, así como para las políticas públicas dirigidas a quienes realizan trabajos de cuidado.
De acuerdo con un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque 88 por ciento de los países de las Américas ha incorporado los cuidados de larga duración en sus leyes, políticas o planes, únicamente 15 de los 35 Estados miembros de la OPS cuentan con un sistema formal financiado con recursos públicos.
Esta brecha provoca que las familias deban cubrir las necesidades de atención mediante trabajo no remunerado o con recursos propios para contratar servicios privados.
Mujeres sostienen los cuidados sin suficiente respaldo
La distribución de estas responsabilidades no es neutral en términos de género. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que puede limitar sus oportunidades laborales, su autonomía económica y su tiempo de descanso.
El informe estima que el valor económico de los cuidados informales de larga duración representa entre 0.8 y 4.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual de los países.
Pese a esta contribución, el reconocimiento de los derechos de quienes cuidan sigue siendo limitado. De los 27 países que respondieron a una pregunta específica del estudio, solo siete informaron contar con reconocimiento legal para las personas cuidadoras informales y disposiciones sobre su derecho a recibir apoyo.
La OPS y el BID identifican la fragmentación de los servicios y la insuficiencia del financiamiento público como obstáculos para garantizar una atención continua. Con frecuencia, los servicios de salud y protección social funcionan de manera independiente, sin evaluaciones coordinadas ni planes integrales de cuidado.
Uruguay, una experiencia de coordinación
Entre las experiencias regionales, Uruguay estableció en 2015 su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que articula a instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para coordinar políticas, servicios y financiamiento.
El modelo contempla evaluaciones para identificar las necesidades de atención, financiamiento público y requisitos de formación y certificación para las personas trabajadoras del sector.
Por su parte, la OPS impulsa la Política Regional de Cuidados de Larga Duración 2025-2034, que busca mejorar la coordinación, el financiamiento y la calidad de los servicios, además de brindar respaldo a quienes realizan estas tareas.
El envejecimiento poblacional exige que los países fortalezcan sus sistemas de protección social y reconozcan que los cuidados no pueden continuar siendo una responsabilidad individual o exclusivamente familiar. Su distribución requiere la participación del Estado, las comunidades, las familias y el sector privado.