Paralaje.
Liébano Sáenz.
El mundo ha vivido en las últimas décadas un proceso de transformación de los estados naciones. De manera cada vez más creciente, los países tienen que vivir y convivir en una realidad global. Son razones económicas, legales y también ambientales las que van conformando un sentido del mundo como una suerte de casa compartida, abonada por la universalidad de los derechos humanos. Si bien vivimos tiempos de descontento en muchas regiones, objetivamente el planeta vive su mejor momento. Desde luego que existen problemas serios, pero las cosas son considerablemente mejor ahora que hace cincuenta o cien años.
Aunque el tema medioambiental ejerce mucha presión, son el libre comercio y sobre todo la economía global, las que han puesto en entredicho muchos conceptos convencionales de la visión de los países como estados individuales. Los capitales no tienen patria, y cualquier esquema de crecimiento y de bienestar para una nación, necesariamente supone retener los capitales propios y atraer los externos. Las empresas trasnacionales, especialmente las públicas, se rigen por las leyes de su país de origen, mientras que las nacionales, públicas o privadas, que recurren al financiamiento bajo esquemas de bursatilización en el exterior, contraen compromisos y les obliga la normatividad de los países donde realizan tales operaciones.
La realidad mundial es de mayores oportunidades, pero el juego es más complejo y entraña mayores riesgos. Las naciones requieren gobiernos que entiendan la dimensión global, sobre todo la económica, para actuar con acierto, potenciar oportunidades y atenuar las amenazas. Afortunadamente para México, atrás han quedado las visiones parroquiales de nacionalismo que mucho afectaron al país y que significaron elevado costo a generaciones de mexicanos. La idea convencional de soberanía nacional pertenece a otra época.
Precisamente porque las cosas no son como antes se debe actuar en el marco de un nuevo paradigma; el pasado aporta y alecciona, pero no puede ser el esquema principal para la actuación. El desafío es construir para la economía, pero también para el comercio, para los retos que atañen a la ecología y a la seguridad, nuevas fórmulas y herramientas de atención bajo una premisa fundamental, la legalidad.
Estimo que la incapacidad para actuar en el marco de la ley ha sido una de las insuficiencias del proceso de modernización de México. Esto a su vez ha generado un problema que parece ser la fuente de todos nuestros males: la impunidad. El gobierno debe actuar con mayor claridad respecto a su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. En la actual circunstancia, la soberanía y la seguridad nacional se han visto comprometidas por una forma muy particular de entender el apego a la ley, especialmente en materia de seguridad pública.
El gobierno norteamericano ha amenazado con declarar a los narcotraficantes como terroristas. Esta declaratoria no es meramente retórica. Esto implica la extraterritorialidad en su combate, en otras palabras, es la autorización implícita y explícita para que el gobierno norteamericano pueda actuar fuera de su territorio para combatir a un enemigo al que no otorga concesión alguna.
Por otra parte, la amenaza del crimen organizado en sus propios términos es cuestión de seguridad nacional y por lo mismo obliga a las autoridades actuar con toda determinación para combatirles. No hay opción, es obligación y la manera de declinar en su combate es que el Congreso emitiera ley de amnistía, decisión que sería un absurdo a partir de la reiterada y creciente violencia de los grupos criminales, además del dolor de las víctimas y el daño a la paz pública.
Esto significa que el gobierno mexicano, por razones de seguridad nacional y también de protección a su soberanía, debe actuar con energía para hacer valer la ley. No debe haber el menor espacio a la duda a tal respecto. Por lo mismo es necesario que el presidente de la República precise que en forma alguna la acción del gobierno en materia de seguridad significa no aplicar la ley.
Se ha expresado que no habrá de regresarse a fórmulas de combate al crimen que han probado no ser eficaces o incluso contraproducentes. Precisamente eso es lo que se requiere, una nueva manera y nuevos instrumentos y acciones para combatir al crimen y esto se llama abatir la impunidad. Es de la mayor relevancia involucrar a la sociedad en el combate al delito, acción que inicia con la denuncia y crece con la confianza que las autoridades ganan dando buenas cuentas en la protección de las personas y sus familias.
La atención a las causas sociales o de carácter estructural que inciden en la criminalidad deben concretarse; sin embargo, esta no excluye la actuación de las fuerzas del orden para abatir la impunidad. De hecho, los elementos más importantes de la nueva estrategia en materia de seguridad son estos dos aspectos: una respuesta a las causas estructurales y el combate frontal a la impunidad.
