/Corresponsalía/
Cdmx. 25 junio 2020.- En una decisión publicada este jueves la Suprema Corte de Justica de los EUA reconoció la Constitucionalidad de una política que aplica la Administración Trump para deportar de forma expedita a algunos de los solicitantes.
En una votación 7-2 los ministros declararon que la actual aplicación de la ley que firmó y publicó en 1996 el Presidente Bill Clinton no violenta los derechos constitucionales de los afectados.
Para casos de asilo político, la resolución indica que los agentes de la patrulla fronteriza pueden ejercer facultad de deportación expedida en contra de personas que sean detenidas dentro de los 14 días de haber entrado indocumentados al país y que se encuentren en la Zona Fronteriza. Además pueden aplicar esta medida a los inmigrantes que habiendo solicitado asilo no asistan a sus audiencias de control durante el procedimiento.
Cuando una persona es detenida al cruzar la frontera y solicita Asilo político, debe explicar las razones por las que tiene “temor Fundado” de regresar a su país por motivos de Raza, Religión, Creencias Políticas, Sexo etc.
En ese momento el agente a cargo puede rechazar su argumento y solicitar la ratificación de su superior inmediato. Acto seguido el solicitante puede acudir a una Corte Administrativa en materia de migración. Lo que esta resolución cambia es que después de la corte de migración o durante el proceso no podrá acudir a un Juez Federal para verificar si la deportación exprés violenta sus derechos.
Los ministros que votaron por apoyar el uso de la ley de 1996 y la aplicación de la actual administración dijeron que el permitir que se siga utilizando el argumento de asilo político puede saturar las Cortes Federales de EUA con 9,500 casos potenciales, que aun se encuentran en Procedimiento Administrativo.
De cualquier forma pocos casos llegan hasta la Corte federal y mucho menos a la Suprema Corte, pero del 2017 a la fecha las Cortes Federales y la propia SCJN se han visto sobre cargadas con casos relacionados con migración.
Los dos Ministros que votaron en contra dijeron que este resolución limitaba a las Cortes Federales en su capacidad de vigilar el debido proceso dentro de algunas decisiones administrativas en materia migratoria.
Los Ministros que votaron a favor de la ley del 96 y su actual implementación aceptaron el argumento emitido por la presente administración indicando que “la mayoría de los solicitantes abusan del sistema sin tener bases legítimas para obtener asilo político, usando este argumento para buscar mejores oportunidades económicas lo que no es razón para este tipo de solicitudes”.
La Suprema Corte aún no decide sobre la política de que los solicitantes de asilo esperen en México y en este semana dio oportunidad a los más de 700 beneficiarios de DACA, también llamados Dreamers, de continuar con documentos laborales en el país.
Según la UNO en el 2017 fue el país con mayor número de solicitudes de asilo político siendo los solicitantes en su mayoría originarios de Latinoamérica.
