** Tres en Raya.
/ POR VERÓNICA MALO GUZMÁN /
¿Cuántas veces hay que decirlo? Los expedientes no son papeles, son personas. Si el Estado de derecho se encuentra bajo acoso debe entenderse que las personas están desprotegidas. Saber que la juez Angélica Sánchez Hernández fue arrestada por el gobierno de Veracruz, sin mediar pruebas ni orden de aprehensión, y que además fue torturada, muestra a detalle la violación a sus garantías individuales. Y tener a los miembros del poder judicial en jaque deja entrever el nivel de indefensión en el que se encuentra cualquier hijo de vecino.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se caracteriza por su poco entendimiento sobre la división de poderes. Digámoslo claro: él desprecia al Poder Judicial. Pasea ataúdes con la efigie de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y encarcela jueces, como hizo con Angélica Sánchez.
Los hechos. La jueza encarcelada por el gobierno de Cuitláhuac García liberó a un acusado de homicidio. La razón: el proceso judicial del inculpado estuvo viciado de origen, ya que se violó su debido proceso y el imputado obtuvo un amparo de la justicia federal. Luego, la jueza acató el amparo otorgado y ante la carencia de evidencias contundentes adicionales para demostrar la culpabilidad del acusado, este quedó en libertad.
Los agentes del gobierno, en retahíla contra la jueza, en lugar de entender que hicieron mal su trabajo en la forma de imputar al acusado, se fueron en contra de la jueza Sánchez y la secuestraron durante cinco horas.
Sí, secuestro, pues no existió orden de aprehensión.
Llevada contra su voluntad, fue arrestada, incomunicada, vejada y obligada a someterse a un montaje. Quisieron fabricarle delitos: uso de armas prohibidas, desacato a la autoridad, posesión de narcóticos. Todo falso, nada que pudieran sustentar. Angélica Sánchez narró: “me pusieron una pistola en la cabeza, fueron horas de terror y tortura psicológica”. Una detención que no pudo ser justificada porque estuvo basada en una decisión personal y no conforme a derecho.
La población de Veracruz se encuentra indefensa ante un gobierno que no entiende los límites marcados por la propia Constitución. ¿Cómo estar tranquilos si la jueza Sánchez Hernández fue torturada? ¿Cómo creer en el debido proceso si la Fiscalía General de Veracruz estableció que se ha iniciado una investigación en su contra sólo después de haberla aprendido ilegalmente?
Asociaciones de jueces, incluida la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, así como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares urgentes a favor de la jueza. Y es que haberla liberado no es sinónimo de que ya no corra peligro; tampoco de que vaya a haber justicia.
En Veracruz campea la prepotencia, el abuso de poder, la tortura y el desprecio hacia los ciudadanos.
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@MALOGUZMANVERO
Publicada en El Heraldo.
