*
18.08.2026 Mexico.- El Estado mexicano debe dejar de considerar el feminicidio como un hecho que concluye con la muerte de una mujer y asumir que sus consecuencias pueden prolongarse durante años en la vida de sus hijas e hijos que quedan huerfanos.
Ese fue el planteamiento central llevado este martes al Senado por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, durante la discusión de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
En la Mesa de Diálogo convocada por el Senado para revisar la propuesta presidencial, Villavicencio respaldó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero planteó modificar y fortalecer 24 artículos y disposiciones transitorias para que la legislación incorpore de manera explícita una perspectiva de infancia y adolescencia.
El argumento es que cuando una mujer es asesinada por razones de género, las víctimas no se limitan a quien pierde la vida. En muchos casos quedan niñas, niños y adolescentes sin madre, con cambios abruptos en sus condiciones de vida, posibles afectaciones económicas y psicológicas y, dependiendo de las circunstancias, incluso expuestos a disputas familiares, procesos judiciales y cambios de cuidador.
“Como feminista y como responsable de la articulación y el fortalecimiento de la política pública para la infancia y la adolescencia, reconozco la iniciativa presentada por la Presidenta de la República”, afirmó Villavicencio durante su participación.
Y agregó: “Si queremos combatir la violencia machista, debemos acabar con el feminicidio y no dejar solas ni solos a sus hijas e hijos”.
La propuesta del SIPINNA busca que la respuesta institucional no dependa de que exista una sentencia definitiva contra el responsable del feminicidio. La idea es que niñas, niños y adolescentes puedan ser reconocidos desde el primer momento como víctimas indirectas y reciban protección mientras las autoridades investigan y llevan el caso ante los tribunales.
El planteamiento cobra relevancia porque la iniciativa presidencial propone establecer un marco nacional para que el feminicidio sea investigado y sancionado bajo reglas homologadas en todo el país. El proyecto contempla que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y mediante protocolos especializados. ([Gobierno de México][1])
La propuesta también contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión y busca establecer una actuación coordinada entre las fiscalías, las instituciones de seguridad y las autoridades encargadas de atender a las víctimas. ([Gobierno de México][1])
Pero para el SIPINNA existe una segunda dimensión que debe quedar claramente establecida en la ley: qué ocurre con las hijas e hijos de las mujeres asesinadas.
Villavicencio planteó seis líneas principales para incorporar esa protección.
La primera consiste en reforzar la perspectiva de infancia. Esto significa que las autoridades no sólo deberán considerar que existe una víctima menor de edad, sino valorar su edad, nivel de desarrollo, necesidades particulares y circunstancias familiares. El interés superior de la niñez, el derecho a participar en las decisiones que les afecten, la prohibición de revictimizarles y la obligación de brindar atención especializada tendrían que orientar la actuación institucional.
El segundo punto busca reconocer de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. La propuesta pretende evitar que su acceso a servicios y medidas de protección quede condicionado a que termine una investigación o exista una sentencia.
Este cambio es relevante porque una investigación penal puede prolongarse durante meses o años, mientras que las necesidades de un menor aparecen desde el momento mismo en que pierde a su madre. Alimentación, vivienda, atención psicológica, escuela, cuidados, representación legal y seguridad no pueden quedar suspendidos mientras avanza un expediente judicial.
El tercer eje se relaciona con la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. El SIPINNA propone que su Secretaría Ejecutiva conduzca normativamente los lineamientos de ese registro, mientras que la operación material quede a cargo del Sistema Nacional DIF, aprovechando su estructura en las entidades federativas y municipios.
La intención es resolver uno de los problemas más elementales para cualquier política pública: saber cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en esa situación, dónde están y quién está a cargo de su cuidado.
La propia iniciativa presidencial ya contempla la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio. Durante la presentación del proyecto, la Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra las mujeres señaló que el objetivo es dar certeza sobre cuántos menores existen en esa condición y dónde se encuentran para que el Estado pueda brindarles protección y atención. ([Gobierno de México][2])
La cuarta propuesta presentada por Villavicencio toca un aspecto particularmente delicado: la responsabilidad económica de quien sea condenado por el feminicidio.
El SIPINNA plantea que la pérdida de la patria potestad del responsable no debe significar que desaparezca su obligación de proporcionar alimentos a sus hijas e hijos. Además, propone que sus bienes puedan contribuir a la reparación económica correspondiente.
El principio detrás de esta propuesta es evitar una consecuencia adicional para los menores: perder a su madre y, al mismo tiempo, quedar sin los recursos económicos que ésta aportaba para su manutención.
El quinto planteamiento es establecer un Protocolo Nacional de Atención Integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. La responsabilidad, según la propuesta, debería ser compartida entre el Sistema Nacional DIF y el SIPINNA, con la participación de fiscalías, procuradurías de protección, comisiones de atención a víctimas y la Secretaría de las Mujeres.
La coordinación pretende evitar que las familias tengan que recorrer distintas instituciones para conseguir servicios que deberían activarse de manera articulada.
El sexto eje busca adaptar la justicia a las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Entre las medidas planteadas están la protección inmediata, asistencia para gastos funerarios, alojamiento, alimentación, servicios de salud, atención psicológica, cuidados y representación jurídica independiente.
También se plantea que las entrevistas a menores puedan realizarse una sola vez, mediante personal especializado y con videograbación, con el propósito de reducir la posibilidad de que tengan que repetir su experiencia traumática ante diferentes autoridades.
La propuesta contempla además que las alternativas de cuidado sean determinadas conforme al interés superior de cada niña, niño o adolescente y que existan garantías de no repetición.
El debate llega mientras el Congreso analiza una transformación jurídica de alcance nacional en materia de feminicidio. La iniciativa del Ejecutivo fue enviada al Congreso en julio y plantea homologar el delito, las reglas de investigación, las sanciones y los mecanismos de reparación. El Sistema de Información Legislativa reporta que el proyecto se encuentra pendiente de dictamen en comisiones del Senado. ([Gobierno de México][3])
La propuesta no parte de la inexistencia de legislación contra el feminicidio, sino de las diferencias que han existido entre las entidades federativas para definir, investigar y sancionar este delito. El proyecto busca establecer un piso común para todo el país y evitar que la respuesta de las autoridades dependa del estado donde ocurrió el crimen. ([Sistema de Información Legislativa][4])
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. El sistema estadístico del INEGI registró 1,459 presuntas víctimas de feminicidio en 2024 dentro de investigaciones iniciadas y carpetas abiertas en el sistema penal, mientras que el mismo registro contabilizó 6,556 mujeres víctimas de homicidio. ([INEGI][5])
Estos datos deben leerse con cautela porque corresponden a categorías de registro distintas y no significan que todas las muertes violentas de mujeres sean clasificadas inicialmente como feminicidio. Precisamente uno de los objetivos de la nueva legislación es modificar esa respuesta institucional y establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio. ([Sistema de Información Legislativa][6])
La dimensión de la infancia vuelve todavía más complejo el problema. La muerte de una mujer puede provocar que sus hijas e hijos tengan que cambiar de domicilio, de escuela y de cuidador; enfrentar la pérdida de ingresos; recibir atención psicológica; participar, directa o indirectamente, en procesos judiciales y, en algunos casos, quedar bajo el cuidado de familiares que también atraviesan el duelo.
Por ello, la discusión planteada por SIPINNA pretende cambiar el enfoque: no esperar a que un menor solicite ayuda, sino obligar al Estado a identificarlo y activar medidas de protección desde el momento en que se conoce el feminicidio.
La presidenta Sheinbaum ha colocado la homologación de las investigaciones como uno de los objetivos centrales de su propuesta. Al presentar la iniciativa, sostuvo que el propósito es terminar con las diferencias entre entidades y avanzar hacia una respuesta común frente al delito.
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México”, dijo la Presidenta en marzo, al explicar que una muerte violenta de una mujer debe ser investigada desde el inicio bajo esa hipótesis y que no debe volver a ocurrir que un feminicidio sea presentado como suicidio.
Posteriormente, al presentar formalmente la iniciativa, Sheinbaum señaló: “Como primera mujer Presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia”. También insistió en que el propósito de la legislación es homologar las reglas de investigación y las penas en las 32 entidades.
La iniciativa ya incorpora la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, pero la intervención del SIPINNA busca que esa protección tenga mayor precisión y que las obligaciones de las instituciones queden claramente delimitadas.
El desafío, por tanto, no será únicamente aprobar una nueva legislación. También será conseguir que las fiscalías cuenten con personal especializado, que los registros funcionen, que las procuradurías de protección tengan capacidad de respuesta y que los apoyos lleguen efectivamente a los menores.
En ese punto se encuentra una de las principales exigencias planteadas por Villavicencio: que la reparación integral no se reduzca a una compensación económica ni termine con una sentencia penal.
Para una niña, un niño o un adolescente que pierde a su madre por feminicidio, la reparación implica recuperar, hasta donde sea posible, condiciones de vida, seguridad, salud, educación, estabilidad emocional, identidad y vínculos familiares. También significa garantizar que la violencia que destruyó su entorno no continúe reproduciéndose mediante abandono institucional.
La discusión legislativa abre así una dimensión que durante años permaneció en segundo plano: las víctimas que sobreviven al feminicidio y que deben continuar su vida después del crimen.
El Estado puede investigar, detener y sentenciar al responsable, pero para los hijos de una mujer asesinada la historia no concluye cuando termina el proceso penal. Ahí comienza otra obligación pública: garantizar que crecer sin su madre no signifique también crecer sin derechos.