*
04.11.2026.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellas las de Guadalupe Taddei, por operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y están relacionadas con proveedores de materiales electorales. Además, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades legales.
El anuncio fue difundido este miércoles 4 de noviembre, luego de que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) colocaran bajo escrutinio a empresas proveedoras y a personas vinculadas con ellas.
De acuerdo con la información publicada sobre el comunicado de Hacienda, los 40 objetivos incorporados a la lista están integrados por 25 personas físicas y 15 empresas. La dependencia señaló que la decisión se tomó después de analizar movimientos financieros e identificar indicadores que ameritan la intervención de las autoridades competentes.
La UIF explicó que, a partir de esos elementos, presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que la Fiscalía realice las diligencias necesarias y determine, conforme a derecho, si existen conductas que deban ser sancionadas.
La medida ocurre en medio de la controversia por los contratos otorgados a empresas dedicadas a suministrar materiales electorales, así como por los señalamientos sobre posibles vínculos entre proveedores y funcionarios del INE durante la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre.
Es importante precisar que la información difundida hasta ahora no establece que las cuentas personales de Taddei hayan sido bloqueadas. Hacienda informó de la incorporación de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales, pero no publicó en ese anuncio la identidad de todos los sujetos incluidos en la lista ni confirmó que la exconsejera presidenta figure entre ellos.
La diferencia es relevante porque el procedimiento no equivale a una sanción contra Taddei ni acredita, por sí mismo, que haya cometido algún delito.
La UIF también puntualizó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, no una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los involucrados. Tanto las personas físicas como los representantes legales de las empresas señaladas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación.
El procedimiento implica que las instituciones financieras deben restringir las operaciones de los sujetos incorporados a dicha lista. La UIF realiza el análisis y comunica la medida; son las entidades del sistema financiero las que aplican las restricciones a las cuentas correspondientes.
Una investigación que alcanza a proveedores electorales
El anuncio se suma a las indagatorias sobre una red de empresas que ha obtenido contratos para suministrar materiales utilizados en procesos electorales, tanto al INE como a organismos públicos locales.
Entre los nombres que han aparecido en las investigaciones periodísticas se encuentran los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con distintas compañías proveedoras. También se han señalado posibles vínculos entre integrantes de ese grupo empresarial y personas que trabajaron en áreas administrativas del instituto.
Los cuestionamientos aumentaron después de que se difundieran imágenes y videos en los que aparece Guadalupe Taddei en compañía de José Alfredo Hernández Casillas. Estos materiales alimentaron las preguntas sobre la relación entre la entonces presidenta del organismo y uno de los empresarios vinculados con la proveeduría electoral.
Sin embargo, la existencia de relaciones personales o profesionales no demuestra por sí misma la comisión de un delito. Corresponde a las autoridades establecer si hubo intervención indebida en las contrataciones, conflictos de interés, simulación de competencia o movimientos financieros ilícitos.
La Auditoría Superior de la Federación también abrió revisiones relacionadas con las contrataciones del INE y de organismos electorales estatales. El organismo fiscalizador informó que cuenta con indicios sobre posibles irregularidades en contratos, conflictos de interés y triangulación de recursos, asuntos que deberán esclarecerse mediante las auditorías y los procedimientos correspondientes.
Con la denuncia presentada ante la FGR, la investigación financiera pasa a una etapa en la que el Ministerio Público deberá revisar los elementos entregados por Hacienda y determinar si existen pruebas suficientes para iniciar o ampliar investigaciones penales.
Por ahora, el anuncio de la UIF representa una medida preventiva sobre 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales. No constituye una declaración de culpabilidad ni permite afirmar que las cuentas personales de Guadalupe Taddei hayan sido inmovilizadas.