*Dan 24 horas al gobierno de Veracruz para liberarla.
*Una jueza federal ordenó la cancelación del proceso en contra de Angélica Sánchez.
09.08.2023 .-La Juez federal Décimo Quinta de Distrito en el estado de Veracruz Daniela María León Linarte, ordenó la cancelación del proceso y libertad sin condiciones para la Jueza Angelica Sánchez, ya que el delito por el cual era acusada no ameritaban prisión preventiva y contaba con una suspensión Provisional, por lo que ordenó se deje en libertad sin condicionamiento.
En la sentencia de la Juez señala que no podía ser detenida ya que contaba con una suspensión Provisional y tampoco podía ser presentada ante las autoridades judiciales que la reclamaban por medio de la policía ministerial, por lo que incurrieron en desacato.
“No podía ser detenida materialmente, así como tampoco se conducida ante la autoridad judicial que la reclamará por medio de la fuerza pública, en este caso ante el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa Veracruz” señala la sentencia.
En otras palabras por tratarse de de una orden de aprehensión emitida por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, los efectos de la suspensión provisional decretada por esta juzgadora se traducen en que la quejosa no podía ser detenida con motivo de esa orden de aprehensión” señala.
La jueza del fuero común de Veracruz que fue detenida y señalada por Andrés manuel López Obrador y Cuitláhuac García, en sus respectivas conferencia de prensa, como una de las integrantes del Poder Judicial que ha beneficiado a presuntos criminales con sus resoluciones, quedará en libertad en las próximas 24 horas.
La Jueza federal determina que la fiscalía de Veracruz incurrió en diversas irregularidades en el caso, entre ellos el que el juez de Control del Penal de Pacho Viejo cometió desacato ante la suspensión provisional que impedía la detención de la juzgadora.
“La quejosa Angélica Sánchez Hernández no podía ser detenida materialmente, así como tampoco ser conducida ante la autoridad judicial que la reclamara por medio de la fuerza pública”, sentenció.
En ese sentido la juzgadora resolvió que quedan nulas las medidas cautelares que le fueron impuestas, la vinculación a proceso y las resoluciones incidentales y medidas cautelares que le fueron impuestas, por lo que por los delitos por los que se le investiga no ameritan prisión preventiva oficiosa, se ordena sea puesta en “inmediata y absoluta libertad”.
Para lo conducente el juez local deberá emitir un acuerdo en el que deje sin efecto todo lo actuado en el proceso penal 297/2023, a partir del momento en el que mediante oficio FGE/PM/FIM/566/2023, suscrito por Jorge Luis Pérez Osorio, Yanet Méndez López y Enrique José Márquez Bandala, policías ministeriales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, pusieron a disposición del juez de control a Angélica Sánchez.
“…es decir, declarará nulas todas las actuaciones que haya practicado con motivo de la recepción de dicho oficio, tales como, la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas, el auto de vinculación a proceso, cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal, y en ese mismo auto, en estricto acatamiento a la suspensión provisional de 9 de junio de 2023”, menciona el fallo.
El fallo establece además que la policía deberá abstenerse de realizar actos o acciones que impliquen su participación directa o indirecta en la privación de la libertad de la juzgadora, mientras continúe surtiendo efectos la suspensión concedida.
En el entendido que, dentro de dicho término concedido, deberá notificar y gestionar cualquier actuación necesaria, tendente a dar cumplimiento a esta determinación, a toda aquella autoridad tercera vinculada a su ejecución (ejemplo, el director del centro carcelario, policía procesal o la Secretaría de Seguridad Pública Estatal) así como, dentro de tal término deberá informarlo a este Juzgado de Distrito, ya que el mismo es perentorio e improrrogable.
Por su parte, la autoridad responsable policiaca deberá abstenerse de realizar actos o acciones que impliquen su participación directa o indirecta en la privación de la libertad de la nombrada incidentista, mientras continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en su favor.
Con el apercibimiento que, en caso de no cumplir en la forma y término referidos, las autoridades vinculadas al cumplimiento de esta resolución serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación”, refiere el documento.
El caso de la jueza ha exhibido una serie de irregularidades que ha puesto en entredicho la procuración de justicia en la entidad donde hay mas de 2000 presos inocentes en las cárceles, que a juicio de los abogados son víctimas de la simulación que imparten justicia y toman a cualquier ciudadano para fabricarles pruebas y responsabilizarles de algun ilicito.
En el caso de la jueza que primero denunció que la Magistrada presidenta del poder judicial de Veracruz, familiar del gobernador Lisbet Aurelia Jimenez, la amenazó con tomar represalias por admitir un amparo en contra de un indiciado, un juez de control de Veracruz afín al grupo en el poder, vinculó a proceso a Sánchez Hernández, por presuntamente haber ordenado de forma ilegal la libertad del supuesto narcotraficante Itiel Palacios, El Compa Playa.
La juzgadora por Cosamaloapan acusó en diversas instancias que es víctima de persecución política por parte del gobernador Veracruz, Cuitláhuac García y sus dos detenciones, en la primera de ellas en Xalapa, donde fue privada de su libertad, la mantuvieron bajo tortura, incomunicada y obligada a disparar un arma para fabricar pruebas de que ella le había disparado a elementos de la SSP. Elementos policiacos que la emboscaron cerca de su domicilio.
Además refirió que el 16 de junio de este año, fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional (GN), una circunstancia irregular orquestada por el gobierno de Veracruz.
“Dichas personas me trasladaron a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México de forma ilegal y arbitraria -no se identificaron, no portaban uniforme, los vehículos no tenían ningún logo o referencia de alguna corporación policial, tampoco mostraron la orden de aprehensión-,.
“Esto, a pesar de que contaba con una suspensión provisional concedida dentro del juicio de amparo indirecto 540/2023 por el juzgado Décimo Quinto de Veracruz, promovido el 9 de junio de 2023 contra las posibles órdenes de aprehensión en mi contra. (…)”, detalla la demanda de garantías.
