*Escrito por Diana Hernández Gómez.
07.08.2023 /Cimac.noticias.com/ Méxio.- Actualmente, las mexicanas mayores de 18 años tenemos derecho a votar y a ser votadas. En otras palabras: podemos elegir a las y los gobernantes que encabezan el rumbo de nuestras sociedades pero, también, postularnos para llegar a lugares de toma de decisiones y ser parte de la definición de ese rumbo. Esto, que ahora nos parece tan natural, es un derecho que se impulsó desde hace más de un siglo y que (pese a toda la normativa que nos respalda) no deja de estar en riesgo. De ahí la importancia de reconocernos en esa historia para poder preguntarnos dónde estamos, qué falta y a dónde queremos llegar.
La participación política de las mujeres es importante porque, gracias a ella, nuestras necesidades específicas o nuestras iniciativas pueden llegar a materializarse al estar representadas en los espacios de toma de decisiones. Gracias a esta participación, por ejemplo, Rosario Robles Berlanga estableció lineamientos clave para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México.
Pero llegar hasta ese punto no ha sido sencillo: este logro se debió a décadas de lucha del movimiento feminista por los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, la historia que aquí se relata comienza en el México independentista, y Yucatán tiene un lugar central en el desarrollo de esta narración.
Aquí, Joaquina Cano Roo y María Anna Roo (entre otras) comenzaron a organizarse con los llamados “Sanjuanistas”, una agrupación que en la década de 1810 comenzaba a oponerse a los intereses de la corona española. Además de las Roo, en otras partes del país como Michoacán había otras mujeres como Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra Lazo Mendoza, Josefa Ortiz de Domínguez y María Ignacia Rodríguez de Velasco que también se coordinaron con grupos insurgentes para conseguir la independencia de México.
Pero una vez logrado este objetivo, mientras el Estado-nación comenzaba a forjarse con su nueva autonomía, la situación para las mujeres no se transformó mucho en realidad. Tal como explicó la exlegisladora y socióloga Dulce María Sauri Riancho a Cimacnoticias, en el siglo XIX, antes y después de la independencia, la alfabetización y la educación estaban reservadas solo para aquellas mujeres de las clases altas, lo que dejaba al resto de la población femenina en condiciones de precariedad y sin la oportunidad de cambiar su situación social.
E incluso cuando las mujeres tenían acceso a la educación, cierta parte de ésta consistía en el aprendizaje de herramientas que les permitieran ser buenas madres, buenas esposas, “buenas mujeres”… todo, menos sujetas con el derecho a tomar decisiones en el espacio público. La independencia no llegó al interior de los hogares, pero esto cambiaría gracias a las pioneras del feminismo en México (y, más específicamente, en Yucatán).
Los primeros congresos feministas en Yucatán
En el centro de Mérida (Yucatán), muy cerca de la catedral se encuentra el Ateneo Peninsular, un edificio que actualmente alberga un museo de arte contemporáneo. Afuera, sobre la superficie tosca de los grandes bloques que sostienen la construcción, se encuentra una placa negra que contrasta con el blanco de los muros. En las primeras líneas de esta placa se lee: “En los altos de este edificio funcionó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez”.
Aunque está en Mérida, este reconocimiento en realidad se extiende a toda la República por lo que dicha liga logró construir e impulsar en beneficio de todas las mexicanas. Todo ello, claro, con la fuerza de la poeta y profesora Rita Cetina Gutiérrez. Ella comenzó a cimbrar los estereotipos de género en su estado natal con la fundación de “La Siempreviva”, una escuela donde (junto con otras profesoras) daba educación primaria y secundaria a niñas y adolescentes. Además, fundó otra revista del mismo nombre que fue la primera publicación en México escrita y editada exclusivamente por mujeres.
Además de su escuela y de la revista “La Siempreviva” (donde se impulsaba la educación de las mujeres y se abordaban otros temas relacionados con cuestiones de género), Cetina Gutiérrez también se mantuvo muy cerca del movimiento de la Guerra de Castas, un conflicto que prácticamente duró lo mismo que la vida de la feminista y que buscaba la liberación de los pueblos mayas en el territorio yucateco.
Sobre los cimientos dejados por Rita Cetina, el movimiento feminista en Yucatán organizó dos congresos feministas en 1916. En el primero de ellos (celebrado entre el 13 y el 16 de enero), durante una participación histórica, Hermila Galindo Acosta habló sobre la sexualidad de las mujeres y la necesidad de ejercer una maternidad deseada. También, de los privilegios masculinos y de impulsar la educación sexual en las escuelas secundarias en una época donde las mujeres eran prácticamente invisibles.
En ese primer congreso se tocó el tema del derecho al voto de las mujeres, pero no tuvo trascendencia sino hasta el segundo congreso celebrado entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre. Aun así, todavía tuvieron que pasar varios años para que las mexicanas fueran reconocidas como ciudadanas y pudieran ejercer su derecho a votar y ser votada.
Antes de que esto sucediera, el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluía a las mujeres dentro de la categoría de “ciudadanas”: deliberadamente se hablaba de “ciudadanos”, en plural masculino, para excluirlas. De acuerdo con Dulce María Sauri Riancho, en ese mismo artículo ya se reconocía la ciudadanía de los hombres indígenas por su papel en las luchas de Independencia y de la Revolución, pero las mujeres no podían entrar a esa esfera porque —afirmaban los varones políticos— aún no estaban preparadas para contraer las responsabilidades que ello suponía.
Pero esta percepción cambiaría muy pronto.
El largo camino por el derecho al voto
Entre las alumnas de Rita Cetina Gutiérrez hay una que pasó a la historia: Elvia Carrillo Puerto, profesora y hermana del gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto. En 1919, Elvia fundó la Liga Rita Cetina Gutiérrez desde la que abogó por los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, el derecho al voto y a ser votada aún no llegaba.
Pese a esto, en 1922, el hermano de Elvia siguió impulsando el tema. Ese mismo año, la política feminista Rosa Torre Gutiérrez ganó la candidatura como regidora del ayuntamiento de Mérida, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar un cargo de elección popular pese a que aún no tenía derecho a ser votada. Y un año después, en 1923, Elvia Carrillo Puerto fue nombrada diputada municipal junto con Beatriz Peniche y Raquel Dzib Cícero.
También en 1923, en México se celebró el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. A él asistieron feministas destacadas como Margarita Robles de Mendoza, Matilde Montoya Lafragua y Columba Rivera Osorio, entre otras. En el encuentro se decidió llevar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres, pero las cosas permanecieron igual hasta 1937.
Ese año, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, se lanzó una iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución y, por fin, reconocer a las mujeres como ciudadanas con derecho a votar y obtener cargos de elección popular. Pese a que el proyecto fue aprobado tanto por senadores como por diputados, en la última fase del proceso legislativo no se hizo la declaratoria de Reforma Constitucional, y el tema otra vez quedó en el tintero.
Ante estos constantes obstáculos, el 6 de abril de 1952, cerca de veinte mil mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para transmitir una exigencia al entonces candidato presidencial Adolfo Ruíz Cortines. Le pedían cumplir su promesa y por fin plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas.
Por su parte, mujeres como la abogada Margarita García Flores llevaron las negociaciones en privado con el aspirante a la presidencia. Ahí tuvieron que enfrentarse a argumentos como el descuido que la participación política de las mujeres suponía para las labores del hogar, o el hecho de que la política era “muy sucia” y las mujeres no debían ensuciarse con ella.
Haciendo frente a estos argumentos sexistas, la exigencia de las mujeres se cumplió hasta el 17 de octubre de 1953, cuando, después de tomar el cargo como presidente de México, Adolfo Ruíz Cortines publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto donde se anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales que otorgaron a las mujeres el derecho a votar y ser electas para puestos de elección popular.
Un año después, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal en la historia de México en ser electa como diputada por el estado de Baja California. Y más adelante, en 1966, Luz María Zaleta de Elsner se convertiría en la primera presidenta de la Cámara de Diputados en México. Casi una década después, en 1979, el país saludó a la primera mujer gobernadora: Griselda Álvarez Ponce de León, quien gobernó Colima hasta 1985.
Así, las mexicanas comenzaron a ocupar espacios en puestos de toma de decisiones de la política mexicana. Pero la historia no termina aquí: después de conseguir el derecho a votar y ser votadas, las mujeres han luchado por permanecer en la política y, además, hacerlo sin conformarse con unos cuantos puestos. Fue así como nació la “paridad en todo”.
Hacia una mayor representación política de las mujeres
Haciendo un zoom al interior de la vida política mexicana, centraremos la última parte de esta historia en la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de Senadores: el Congreso federal, donde se proponen y se aprueban las leyes que rigen al país. En el periodo número 51 de esta Legislatura (1979-1982) hubo 33 diputadas, lo que dejaba claro que había un avance en cuanto a la representación política de las mujeres en México.
Para la Legislatura 52 (1982-1985), la cifra pasó de 33 a 46 diputadas, lo que representaba un 12 por ciento del total de legisladores. De acuerdo con Dulce María Sauri Riancho (quien fue gobernadora interina de Yucatán y presidenta de la Cámara de Diputados), este aumento en la cantidad de mujeres legisladoras se explica, en parte, a que Miguel de la Madrid Hurtado estaba en la presidencia.
El entonces mandatario era originario de Colima, entidad que aún estaba gobernada por Griselda Álvarez Ponce de León cuando de la Madrid llegó a la silla presidencial. En reciprocidad a este avance en favor de las mujeres—explica Sauri Riancho—, Miguel de la Madrid llegó al gobierno con el objetivo de abrir espacio a más mujeres candidatas para diputaciones y senadurías. Una de estas mujeres fue, precisamente, la propia Dulce María.
Para la 58 Legislatura (2000-2003) el avance no solo se sostuvo sino que, además, se puso un primer blindaje a los espacios ganados por las mujeres en el ámbito legislativo. Ese año se aplicó una reforma en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para que los partidos políticos no presentaran candidaturas que fueran del mismo género en un 70 por ciento. Esto quiere decir que al menos 30 de las candidaturas debían estar integradas por mujeres.
Fue justamente ahí cuando se inició el proceso de aplicar las llamadas “cuotas” como acciones afirmativas (es decir, políticas públicas que pretenden compensar las condiciones discriminatorias contra grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres o comunidades indígenas). Pero los obstáculos continuaban presentes.
En 2009, por ejemplo, la cuota obligatoria para mujeres candidatas era del 40 por ciento. A pesar de este avance, en un hecho conocido como el fenómeno de “las juanitas”, varios partidos propusieron a candidatas mujeres encabezando sus fórmulas. Sin embargo, estas mujeres cedían su participación para que sus suplentes hombres tomaran su lugar; de esta forma, los partidos políticos postulaban a más hombres sin violar lo establecido en el COFIPE.
Ya para 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) da un paso más por nuestros derechos políticos y obliga a los partidos a integrar fórmulas de un mismo género para llegar a San Lázaro. Esto, con el fin de evitar la existencia de más “juanitas”. Pero el paso definitivo en el tema de las cuotas y la paridad se da en la 62 Legislatura (2012-2015) con una reforma constitucional.
Durante esta legislatura se llevó a cabo una reforma político-electoral, y tanto en el Senado como en San Lázaro, las legisladoras influyeron para que en ella se incluyera en el artículo 41 de la Constitución Política de México el principio de paridad en las candidaturas en el poder legislativo federal y en los congresos estatales. Así, la paridad 50-50 se volvió una obligación constitucional y dejó de aplicarse como una acción afirmativa.
De 1964 a 2018, mil 583 mujeres fueron diputadas federales y estuvieron legislando desde el Palacio de San Lázaro. Y la última legislatura (la 64, de 2018 a 2021) estuvo conformada un 48 por ciento de mujeres diputadas; de ahí que se haya autodenominado la “legislatura de la paridad”.
Los avances continúan, y pese a los derechos ganados aún hay varios obstáculos para su ejercicio eficaz. Así lo comprobó el extinto Plan B de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. En él se dejaba a criterio de los partidos políticos aplicar las reglas de paridad en sus candidaturas; además, se restaba facultad al TEPJF de sancionarlos en caso de incumplir con este principio.
Hay otros obstáculos que, por otro lado, tienen que ver con la violencia contra las mujeres, y que se pueden resumir en un concepto: violencia política en razón de género. Pero ese es otro tema que próximamente vamos a abordar…
