*Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos pidieron al Senado modificar la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
20.08.2026 /CimacNoticias.com/ México.- Organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y colectivas que acompañan a familias de víctimas pidieron al Senado de la República modificar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, al considerar que contiene disposiciones que podrían debilitar los avances alcanzados durante más de dos décadas en materia de justicia para las mujeres.Las organizaciones reconocieron algunos elementos positivos de la propuesta, entre ellos la imprescriptibilidad del delito, la eliminación de atenuantes vinculados con argumentos patriarcales y el reconocimiento de la legítima defensa presunta para mujeres sobrevivientes de violencia.
Sin embargo, advirtieron que, en su redacción actual, la iniciativa contiene vacíos de técnica jurídica, participación y presupuesto que podrían mantener prácticas de impunidad y dificultar el acceso a la justicia.
“El acceso a la justicia sigue siendo la gran agenda pendiente”, señalaron las organizaciones, quienes cuestionaron que una ley pueda garantizar resultados si no contempla recursos suficientes, controles para evitar la reclasificación de los delitos y participación de las familias de las víctimas.
Reclasificación de feminicidio a homicidio
Uno de los principales cuestionamientos se encuentra en el artículo 10 de la iniciativa. De acuerdo con las organizaciones, la disposición permitiría que, cuando no se acrediten los elementos del feminicidio, el caso sea procesado bajo las reglas del homicidio.
Las colectivas consideran que la redacción no establece de manera suficiente la obligación de contar con una resolución fundada y motivada ni con control judicial para realizar esa reclasificación.
A su juicio, esta omisión podría mantener una práctica que históricamente ha permitido que investigaciones iniciadas como feminicidio sean reclasificadas como homicidio, con posibles efectos tanto en las sanciones como en las estadísticas sobre violencia contra las mujeres.
Por ello, exigieron cerrar cualquier vía que permita una reclasificación arbitraria y establecer controles judiciales que garanticen que la decisión esté debidamente sustentada.
Advierten falta de presupuesto para aplicar la ley
Otro de los puntos centrales de la crítica es el régimen transitorio de la propuesta.
Las organizaciones señalaron que el artículo Décimo Segundo establece que la implementación de fiscalías especializadas, personal pericial, guardias permanentes y registros no contará con recursos adicionales.
Para las colectivas, esto representa una contradicción entre las obligaciones que la nueva legislación impondría al Estado y los recursos disponibles para cumplirlas.
“Una ley sin presupuesto es solo una declaración”, señalaron, al advertir que sin financiamiento suficiente las nuevas obligaciones podrían quedarse en el papel.
Cuestionan que el análisis de contexto sea opcional
Las organizaciones también expresaron preocupación por la manera en que la iniciativa plantea la investigación del contexto.
Señalaron que el artículo 21, fracción VI, utiliza una formulación que permitiría “valorar la realización” del análisis de contexto, en lugar de establecerlo como una obligación.
Desde su perspectiva, esto puede dificultar la acreditación de las razones de género y de las condiciones de subordinación y violencia estructural que rodean los asesinatos de mujeres.
Por ello, solicitaron que el análisis de contexto sea una obligación dentro de las investigaciones y no una facultad discrecional.
Piden mantener la participación de familias y organizaciones
Otro de los señalamientos está relacionado con la participación de las familias de víctimas, organizaciones civiles y especialistas.
Las colectivas cuestionaron que la propuesta las excluya del Consejo Consultivo y de la Comisión Especial contemplados en el artículo 53, mientras limita su participación principalmente a actividades de difusión.
Para las organizaciones, quienes han acompañado durante años a familias víctimas de feminicidio deben tener voz en los espacios donde se diseñan y evalúan las políticas públicas relacionadas con la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
Advierten riesgos para leyes locales
Las organizaciones también alertaron sobre la fórmula utilizada para derogar disposiciones transitorias, pues consideran que podría generar riesgos para avances legislativos alcanzados en distintas entidades.
Entre las normas que mencionaron se encuentran la Ley Malena, relacionada con ataques con ácido; la Ley Ingrid, la Ley Monzón y las disposiciones sobre violencia vicaria.
Además, señalaron como una omisión la falta de referencias a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y pidieron precisar cómo operarán las distintas agravantes cuando concurran en un mismo caso.
Cuestionan definición de mujer en la iniciativa
Otro de los puntos planteados por las organizaciones se refiere al artículo 6, fracción VIII, donde se define a “mujer” a partir de la autoadscripción.
Las organizaciones consideran que esta definición genera problemas para la investigación forense y penal y sostienen que debe modificarse. En su propuesta, solicitan utilizar la definición: “Mujer: la persona del sexo femenino, de cualquier edad”.
En su posicionamiento, las organizaciones vinculan esta petición con lo que consideran obligaciones derivadas de instrumentos internacionales y de la legislación mexicana en materia de violencia contra las mujeres.
También cuestionan el concepto de trabajo sexual
Las colectivas plantearon además modificar el artículo 17, al considerar problemático el uso del concepto “trabajo sexual”.
Su propuesta es sustituirlo por “situación de prostitución o explotación sexual”, al argumentar que el término utilizado en la iniciativa no forma parte del derecho federal y que debe armonizarse con los instrumentos ratificados por México relacionados con explotación sexual y trata.
Organizaciones reconocen avances de la iniciativa
A pesar de sus críticas, las organizaciones subrayaron que existen elementos de la iniciativa que consideran avances y que, por ello, pidieron conservarlos en el dictamen final.
Entre ellos se encuentra la imprescriptibilidad, que establece que la acción penal, la sanción y la reparación del daño no caducarán con el paso del tiempo.
También destacaron la eliminación de atenuantes como la “emoción violenta”, la “ira”, los “celos” o el “honor”, figuras que, de acuerdo con las organizaciones, históricamente han sido utilizadas para justificar o disminuir la responsabilidad por asesinatos de mujeres.
Otro avance señalado es la legítima defensa presunta para mujeres sobrevivientes de violencia, aunque solicitaron que esta protección opere desde el momento de la detención e imputación.
La propuesta también contempla la entrega digna de los restos de las víctimas y establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como feminicidio.
Las organizaciones llamaron al Senado a modificar los puntos que consideran regresivos antes de la aprobación del dictamen y advirtieron que el objetivo debe ser garantizar justicia sustantiva para las mujeres y sus familias.
“Una ley sin presupuesto es solo una declaración, y las mujeres de este país no necesitamos más declaraciones: exigimos justicia sustantiva”, concluyeron.