/ José Ramón Cossio /
La organización México Evalúa presentó la octava edición del reporte “Hallazgos”. Mediante él se evaluó el desempeño de nuestro sistema de justicia penal.
Los datos generales son preocupantes porque muestran que no hay sistema y los retrasos son enormes. En el estudio de este año hay una novedad en la evaluación de la equidad de género.
¿Qué tanto el sistema de justicia penal amplía las brechas? ¿Qué hace con la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y perpetúa estereotipos, roles y restricciones de acceso a la justicia?
En un momento donde todas las autoridades hablan de sus avances en la equidad de género, los datos son importantes. Veamos.
Solo cuatro fiscalías estatales y presidencias de tribunales superiores locales estaban dirigidas por mujeres. El 58.4% de quienes juzgan son hombres y el 41.6% mujeres, mientras que en las fiscalías los porcentajes son del 56.9% y del 43.1%, respectivamente.
En cuanto al gasto, ninguno de los ocho programas del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública atiende a la desigualdad de género. En los sueldos de las procuradurías y fiscalías del país, las mujeres ocupan el 58% de los puestos con un ingreso mensual de hasta 5,000 pesos, que se reduce a menos del 45% a partir de un ingreso de 15,000 pesos o más, y llega a sólo un 22% en los puestos con ingresos de más de 70,000 pesos.
Vinculado con lo anterior, en el tema de la división sexual del trabajo está presente el sesgo de que las mujeres desempeñen labores de servicio, cuidado y administración, y los hombres cargos que requieran destrezas físicas o conocimientos especializados.
