*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
En México, la seguridad pública dejó de ser hace mucho tiempo únicamente un asunto de justicia o gobernabilidad. Hoy también es un instrumento de confrontación política, de construcción narrativa y de cálculo electoral. La diferencia de posturas que se observa actualmente entre el caso de Chihuahua y el de Sinaloa refleja precisamente esa lógica, la aplicación selectiva del discurso institucional dependiendo del partido político involucrado.
Por un lado, desde sectores de Morena se ha promovido un discurso de presión política contra la gobernadora panista Maru Campos, incluyendo llamados a una eventual desaparición de poderes bajo el argumento de crisis de seguridad, violencia e incapacidad institucional. La narrativa busca instalar la idea de que el gobierno estatal perdió control y que la oposición representa un modelo fallido de administración pública.
Sin embargo, cuando el escenario apunta hacia Rubén Rocha Moya, el tono cambia completamente. A pesar del contexto delicado derivado de investigaciones, presiones internacionales y la entrega de figuras vinculadas al crimen organizado a autoridades estadounidenses, no existe una ofensiva política semejante desde el oficialismo. No se habla de desaparición de poderes, ni de responsabilidad política inmediata, ni de una crisis de gobernabilidad comparable.
Ahí es donde aparece la percepción de un doble rasero.
La seguridad parece endurecer el discurso cuando afecta a gobiernos de oposición, pero se convierte en un asunto de soberanía nacional cuando involucra a actores cercanos al partido gobernante. Esa contradicción es políticamente significativa porque revela que el debate no siempre se mueve bajo criterios estrictamente jurídicos, sino bajo conveniencias partidistas y electorales.
En el caso de Chihuahua, el discurso se centra en: ingobernabilidad; crisis institucional; incapacidad del gobierno local; y exigencia de consecuencias políticas.
Mientras tanto, en el caso de Sinaloa, el enfoque cambia hacia: defensa de la soberanía; cuestionamientos a la intervención de Estados Unidos; prudencia política; y llamados a esperar investigaciones.
Desde luego, el tema de la soberanía no es menor ni irrelevante. México históricamente ha tenido tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación judicial. Existe un debate legítimo sobre los límites de la actuación estadounidense y sobre la necesidad de que las instituciones mexicanas mantengan control sobre sus propios procesos judiciales y de investigación.
El problema aparece cuando ese discurso parece activarse únicamente en ciertos casos y no como un principio uniforme de Estado. Porque si realmente la prioridad fuera la defensa institucional de México, entonces la exigencia de transparencia, rendición de cuentas e investigaciones tendría que aplicarse de manera idéntica sin importar el partido gobernante.
Cuando eso no ocurre, la percepción pública inevitablemente cambia. La ciudadanía comienza a interpretar que: la severidad institucional depende del color político; las investigaciones avanzan distinto según los intereses partidistas; y la narrativa oficial se adapta dependiendo de quién sea el involucrado.
El daño más profundo de esta contradicción no es solamente político, sino institucional.
Porque cuando la población percibe que para algunos actores se exige castigo inmediato y para otros se pide cautela o protección, se erosiona la credibilidad de: las fiscalías; los mecanismos de justicia; el discurso anticorrupción y la imparcialidad del propio Estado mexicano.
Además, hacia el exterior, México proyecta una imagen complicada, la de un país donde los criterios políticos parecen pesar más que la consistencia institucional.
También existe un componente electoral imposible de ignorar. Chihuahua representa una plaza estratégica para el PAN y para figuras opositoras con peso regional, mientras que Sinaloa es políticamente sensible para Morena. Eso provoca que el discurso oficial cambie según el costo político que implique cada caso.
En el fondo, el problema central es que la justicia pierde fuerza cuando se percibe selectiva. Y cuando la ley parece aplicarse con distinta intensidad dependiendo de quién gobierna, el debate deja de ser estrictamente jurídico para convertirse en una disputa de poder político.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
