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/Darío Pale/
18.05.2026. Extrabajadores del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, con sede en el puerto de Veracruz, se manifestaron para denunciar presuntas violaciones a sus derechos laborales y exigir una mesa de diálogo con la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García.
Los inconformes señalaron que actualmente enfrentan un proceso administrativo derivado de una solicitud de atención a su problemática laboral, misma que, aseguraron, fue impulsada desde Presidencia.
Explicaron que este día participaron en una conciliación en la que se les ofreció la reinstalación mediante un contrato temporal, pero condicionado a desistirse de la demanda laboral y renunciar a prestaciones y derechos adquiridos.
Indicaron que entre los derechos que se les pretende retirar se encuentran acceso a vivienda, seguridad social, vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones laborales correspondientes a trabajadores del programa de Vectores de la Secretaría de Salud.
Los manifestantes calificaron la propuesta como “incongruente” y denunciaron que el ofrecimiento consiste en un “contrato precario”, al considerar que se les obliga a aceptar condiciones laborales desfavorables a cambio de recuperar su fuente de empleo.
Asimismo, acusaron que desde enero permanecen sin trabajo, situación que ha afectado gravemente a sus familias, pues la mayoría son madres y padres que sostienen económicamente sus hogares. También denunciaron que entre los afectados hay personas con discapacidad que igualmente quedaron fuera de las contrataciones para este 2026.
Los extrabajadores denunciaron además presuntos actos de hostigamiento laboral y condiciones que consideran injustas dentro de la convocatoria de contratación. Señalaron que se les advirtió que no podrían presentar incapacidades médicas, ya que estas serían “valoradas” por los responsables administrativos y, en caso de no ser aceptadas, se les descontaría el salario correspondiente.
Relataron incluso el caso de un trabajador con problemas de salud que en administraciones anteriores realizaba labores de oficina por recomendación médica y por consideración humanitaria, pero que en esta administración se le habría exigido desempeñar trabajo de campo bajo las mismas condiciones que el resto del personal.
Los manifestantes cuestionaron la falta de sensibilidad de las autoridades y aseguraron que lejos de respaldar a los trabajadores, las medidas implementadas afectan su desempeño y estabilidad laboral.
Precisaron que al inicio del movimiento eran 110 trabajadores; sin embargo, debido a la presión económica y la falta de empleo, algunos desistieron del proceso. Actualmente, afirmaron, permanecen 89 trabajadores en la lucha legal y administrativa.
Finalmente, reiteraron su llamado a la gobernadora para abrir un diálogo directo y evitar que se vulneren sus derechos laborales, insistiendo en que buscan conservar condiciones dignas de trabajo, salario y seguridad social para ellos y sus familias.
