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18.05.2026 Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes 18 de mayo de 2026 que la entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa “no representa ningún riesgo” para el país ni para su administración, al tiempo que rechazó las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre supuestos “gobiernos de narcos” en México.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, así como del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, ambos señalados en investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ante los cuestionamientos sobre posibles implicaciones políticas derivadas de las declaraciones que pudieran realizar los exfuncionarios ante autoridades estadounidenses, la mandataria respondió de manera tajante: “Ningún riesgo, ninguno. Fue decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo”.
La presidenta sostuvo que la decisión de ambos exservidores públicos fue personal y negó que exista preocupación en torno a las investigaciones que desarrolla el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Ellos decidieron entregarse”, reiteró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso de los excolaboradores cercanos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Las declaraciones se producen en medio de la presión creciente del gobierno estadounidense contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado, particularmente tras las acusaciones presentadas por fiscales del Distrito Sur de Nueva York contra integrantes del círculo político de Sinaloa.
Sheinbaum también rechazó la narrativa impulsada desde sectores políticos y mediáticos estadounidenses respecto a que México esté controlado por el narcotráfico. En particular, negó que existan “gobiernos de narcos”, como lo ha señalado en distintas ocasiones el presidente Donald Trump.
“Lo ha dicho, pero cuando hablamos no me lo dice a mí”, expresó la mandataria mexicana al referirse a los comentarios del republicano.
La presidenta aclaró además que Trump no se refería directamente a su gobierno y defendió el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación frente a las acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado.
“En 2018 llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que gobierna para todos, para el pueblo de México”, afirmó Sheinbaum. “¿Quiénes son los que ahora escriben que hay narcogobierno, que hay narcopartido? Son las plumas del viejo régimen”, declaró.
La mandataria insistió en que su administración mantiene una política de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo principios de soberanía nacional y respeto mutuo. Apenas el fin de semana, durante una gira por el sureste del país, Sheinbaum afirmó que en México “no mandan intereses extranjeros”.
En otro de los temas abordados este lunes, la presidenta confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló de manera preventiva las cuentas bancarias de 10 personas señaladas por autoridades estadounidenses de mantener vínculos con el narcotráfico.
“De una manera preventiva, dado que hay una orden de aprehensión. Son mecanismos automáticos”, explicó Sheinbaum.
Entre las personas afectadas por el congelamiento de cuentas se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios mencionados en investigaciones estadounidenses.
La presidenta aclaró que estas medidas derivan de protocolos financieros internacionales y no necesariamente de investigaciones penales abiertas en México. Explicó que los bloqueos fueron ejecutados por el sistema bancario nacional debido a la existencia de órdenes judiciales emitidas en Estados Unidos y a la relación operativa entre bancos mexicanos y estadounidenses.
No obstante, Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que resulte responsable de actividades ilícitas y reiteró que corresponde a las autoridades estadounidenses presentar pruebas formales para que la Fiscalía General de la República pueda actuar en territorio nacional.
Las declaraciones de la presidenta ocurren en uno de los momentos de mayor tensión bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, luego de que la administración Trump endureciera su discurso contra los cárteles mexicanos y aumentara la presión sobre actores políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
