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/ Darío Pale /
15.06.2026 Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó las publicaciones y versiones difundidas recientemente por algunos medios de comunicación nacionales y replicadas posteriormente por espacios informativos identificados con sectores de oposición, al asegurar que se trata de acusaciones que ya habían sido expuestas durante el proceso electoral de 2024, revisadas por diversas instancias y desmentidas en distintos momentos en y por tribunales.
Durante la conferencia semanal, la mandataria sostuvo que los señalamientos en su contra carecen de sustento y forman parte de una narrativa mentirosa que, según dijo, ha sido utilizada de manera recurrente desde que contendió por la gubernatura de Veracruz.
Nahle afirmó que las versiones difundidas recientemente no contienen elementos nuevos y corresponden a temas que fueron ampliamente debatidos durante la campaña electoral del año pasado.
La gobernadora insistió continuará respondiendo mediante las vías legales e institucionales cuando considere que existen expresiones que afecten su honor o difundan información falsa, pues aunque hay una amplia libertad de de expresión ” que hasta se pasan de la raya” en Veracruz hay límites, como son las difamaciones.
Comenta sobre la responsabilidad de quienes difunden las falsedades sigue ocupando un lugar central en el debate público, pues la persona o los medios que las difunden pierden credibilidad “nadie les vuelve a creer”, destacó.
El origen de buena parte de esas acusaciones se remonta al proceso electoral de 2024, cuando la entonces candidata de Morena enfrentó una serie de denuncias públicas relacionadas con presuntas propiedades, enriquecimiento ilícito y supuestos actos de corrupción en cuya narrativa había ostensibles errores que fuero documentados en su oportunidad para exhibir la difamación.
Durante aquella contienda se desarrolló una intensa confrontación política y mediática que derivó incluso en demandas y contrademandas entre particulares y actores políticos, que ha ganado la hoy gobernadora en instancias judiciales.
En ese contexto, Morena promovió recursos legales por considerar que parte de la propaganda difundida contra su candidata contenía afirmaciones falsas y constituía calumnia electoral. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó uno de esos casos y determinó que un promocional denunciado atribuía hechos y delitos falsos a Rocío Nahle, dentro de un procedimiento relacionado con las calumnias durante la campaña electoral.
La gobernadora recordó que, una vez concluido el proceso electoral, continuaron las revisiones administrativas y legales derivadas de las denuncias presentadas durante la contienda. En 2025 informó que había solventado los procedimientos y observaciones que se encontraban en análisis ante autoridades federales, señalando que los expedientes relacionados con esas denuncias mediáticas habían quedado atendidos conforme a los mecanismos institucionales correspondientes.
Nahle sostuvo que las publicaciones recientes buscan reactivar temas que ya fueron utilizados políticamente durante la elección para intentar afectar su imagen pública. Según expresó, la difusión reiterada de acusaciones previamente discutidas responde más a intereses políticos que a la presentación de nueva información verificable.
La mandataria veracruzana también reiteró que su administración continuará atendiendo los asuntos de gobierno sin distraerse en polémicas mediáticas. Añadió que quienes realizan acusaciones deben presentar pruebas ante las autoridades competentes y permitir que sean las instituciones las que determinen cualquier responsabilidad, en lugar de impulsar campañas en medios o redes sociales mediante acusaciones falsas.
Las controversias alrededor de Rocío Nahle marcaron buena parte de la elección veracruzana de 2024, una de las más observadas del país. A pesar de ello, la entonces candidata de la coalición encabezada por Morena obtuvo un amplio triunfo en las urnas y posteriormente diversas impugnaciones promovidas por partidos opositores fueron resueltas por los órganos jurisdiccionales electorales, que confirmaron la validez de los resultados de la elección.