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19.05.2026 Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió este lunes al gobierno de Estados Unidos una relación de “reciprocidad” en materia de extradiciones, luego de revelar que existen 269 solicitudes presentadas por México desde 2018 que no han sido atendidas por las autoridades estadounidenses.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que Washington ha mantenido pendientes decenas de procesos de entrega de personas requeridas por la justicia mexicana, pese a que México sí ha colaborado en diversos casos de extradición solicitados por el vecino del norte.
“Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 procesos de extradición y no han enviado ninguno, porque la relación es recíproca”, declaró Sheinbaum al responder cuestionamientos sobre los recientes señalamientos y peticiones estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La presidenta detalló que de esos 269 requerimientos, Estados Unidos ha rechazado al menos 36 solicitudes y mantiene otras 233 “pendientes de concluir”, situación que consideró incongruente frente a las presiones que actualmente ejerce Washington sobre México para proceder contra políticos y funcionarios mexicanos acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Sheinbaum aseguró que entre las personas reclamadas por México se encuentran perfiles de alto impacto para la justicia nacional, incluidos presuntos involucrados en el caso Ayotzinapa, exfuncionarios ligados a delincuencia organizada, empresarios acusados de operaciones ilícitas y exgobernadores señalados por lavado de dinero y corrupción.
“Hay casos gravísimos para México, hay factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa… y no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, afirmó la mandataria.
Entre los nombres mencionados dentro de las solicitudes mexicanas se encuentran el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por presuntas operaciones de facturación ilegal; José Ulises Bernabé, vinculado con irregularidades en el caso Ayotzinapa; así como el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el caso específico de García Cabeza de Vaca, Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano ya entregó toda la documentación requerida por Estados Unidos para formalizar el procedimiento de extradición, sin que hasta ahora exista una respuesta positiva por parte de las autoridades estadounidenses.
La mandataria reiteró que México no se niega a colaborar con Washington en asuntos de seguridad o combate al crimen organizado, pero insistió en que cualquier acción judicial debe sustentarse en pruebas suficientes y bajo el marco legal mexicano.
“¿Qué estamos pidiendo nosotros? ‘¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación’”, expresó Sheinbaum al referirse a las acusaciones estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La presidenta defendió que su administración está actuando con el mismo criterio jurídico que Estados Unidos ha aplicado en solicitudes mexicanas anteriores. “Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, puntualizó.
Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países por las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa, así como por recientes entregas voluntarias de exfuncionarios de seguridad y finanzas de esa entidad a autoridades estadounidenses.
En días recientes, Sheinbaum también cuestionó el “doble rasero” de Washington y recordó que México ha cumplido históricamente con múltiples procesos de cooperación bilateral, incluidos traslados de narcotraficantes y criminales de alto perfil hacia cárceles estadounidenses.
La presidenta insistió en que la defensa de la soberanía mexicana no significa encubrir a nadie, sino garantizar que cualquier acusación tenga respaldo legal y pruebas contundentes antes de ejecutar detenciones o extradiciones. “No es una decisión política, es una decisión responsable de la presidenta de México”, sostuvo.
